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martes, 3 de enero de 2023

MANZANARES Y LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL DURANTE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833 - 1840): Capítulo 5. Desde las primeras reformas hasta la aprobación del Estatuto Real (abril 1834)

Tras dedicar los primeros capítulos a la narración de los acontecimientos ocurridos en la provincia durante el primer año de guerra, es necesario hacer un pequeño receso para explicar la situación política nacional y, de este modo, tener una visión de conjunto que nos permita entender mejor los hechos acontecidos en Ciudad Real.

Como ya hemos comentado, tras la muerte de Fernando VII, su esposa María Cristina, asumió la regencia ya que su hija Isabel tenía tan sólo tres años. Una de las primeras medidas tomadas por la regente fue la confirmación en la presidencia del Gobierno de Francisco Cea Bermúdez, absolutista reformista que ejercía este cargo desde 1832 y que ya había tomado en el pasado algunas medidas aperturistas como la amnistía que había permitido la vuelta de miles de liberales del exilio. 

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1868-1878).
Regente de España entre 1833-1840.

El ideario del Gobierno quedó plasmado en un manifiesto del 4 de octubre de 1833, redactado por Cea Bermúdez y firmado por María Cristina, en el que se apostaba por mantener los poderes absolutos de la monarquía, la preponderancia de la Iglesia, pero en el que también se dejaba abierta la puerta a reformas administrativas que mejorasen el funcionamiento del Estado y favoreciesen el crecimiento económico.

La religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España, serán respetadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza... Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en sus principios, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno para un país es aquella a que está acostumbrado.

Mas no por eso dejaré estática y sin cultivo esta preciosa posesión... no ignoro, y procuraré estudiar mejor, los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de la administración pública, y me esforzaré para corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta y profunda administración de la justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al fomento de todos los orígenes de la riqueza[1].

Con este manifiesto el Gobierno pretendía posicionarse en un punto político intermedio que no asustase a los sectores absolutistas, para evitar que se sumasen a la sublevación carlista, y, al mismo tiempo, hacer algunas reformas limitadas que atrajesen a los liberales más moderados. Estas reformas estuvieron lideradas por el ministro de Fomento Javier de Burgos que representaba el ala más aperturista del Gobierno y afectaron a diferentes ámbitos: político, económico, administrativo, etc.

En el plano político, se intentó atraer a los liberales aprobando un nuevo decreto que amnistiaba a una treintena de antiguos diputados de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal[2]. Se aprobó una nueva ley de imprenta que permitía la libre publicación de textos técnicos y científicos, pero que mantenía la censura sobre temas religiosos, morales y políticos[3]. 

En cuanto a la economía, se liberalizó la venta de numerosos productos como la lana, sosa, barrila, trapo, lino y cáñamo, eliminando el derecho de tanteo que tenía la industria nacional para adquirir de forma preferente estas materias primas y que suponía un claro perjuicio para los agricultores a los que se privaba de vender libremente sus productos al mejor postor[4]. Este sistema de tanteo se había establecido en el siglo anterior para fomentar la industria nacional, pero en la práctica estaba facilitando prácticas corruptas. Parte de las materias primas, que supuestamente debían abastecer a los productores nacionales, acababan siendo exportadas generando grandes beneficios a intermediarios en perjuicio de los agricultores.

Las reformas más importantes y duraderas se acometieron en el ámbito administrativo. El 30 de noviembre de 1833 se aprobó una nueva división provincial, que sustituía al antiguo sistema de intendencias[5]. No menos importante, se creó la figura del subdelegado de Fomento que se convertiría en la máxima autoridad provincial[6]. Estas medidas contribuyeron a racionalizar la administración y consolidar el poder del Estado en el territorio. Estas importantes reformas supusieron el nacimiento de la provincia de Ciudad Real a partir de la antigua intendencia de La Mancha, acontecimiento que se explicará detalladamente más adelante.

Todas estas disposiciones tomadas por el Gobierno quedaban muy lejos de las expectativas de los liberales, que anhelaban reformas mucho más ambiciosas, desde una convocatoria de Cortes y la recuperación de un sistema representativo hasta, en el caso del liberalismo más radical, proclamar de nuevo la Constitución de Cádiz. Con el paso de las semanas las críticas contra el Gobierno y, especialmente, contra su presidente Cea Bermúdez fueron creciendo. La regente recibió numerosas presiones para cesar a Cea que tuvieron su punto culminante cuando los capitanes generales de Cataluña, Manuel Llarder, y de Castilla la Vieja, Vicente Genaro de Quesada, se unieron a los descontentos.

La regente María Cristina, al ver que el ejército se inclinaba también por un cambio de rumbo, se vio forzada a cesar a Cea Bermúdez y nombró para sustituirle a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, presidente del Gobierno durante el Trienio Liberal y exiliado posteriormente en Francia durante siete años para escapar de la represión absolutista. Este nombramiento representó un punto de inflexión en la transición de España hacia el liberalismo, un antiguo represaliado por sus ideas liberales llegaba a la jefatura del Gobierno.

Francisco Martínez de la Rosa.

El nuevo Gobierno de Martínez de la Rosa continuó con las reformas con renovado ímpetu. Desde el ministerio de Fomento de Javier de Burgos se tomaron numerosas medidas para desregular la vida económica del país y acabar con el complicado entramado jurídico del absolutismo que ahogaba la competencia, el comercio y la iniciativa empresarial. La normativa llegaba a tal punto de sobre regulación que, por poner un ejemplo cercano, hasta las fechas en las que se podía vendimiar estaban establecidas por ley. Las nuevas reformas liberalizaron el comercio de cereales y harinas, de productos alimenticios, el sector vinícola, la ganadería, etc[7]. Se eliminaron aquellas prerrogativas de las asociaciones gremiales que les habían permitido históricamente limitar la competencia, la aplicación de nuevas técnicas de producción o el libre movimiento de mercancías[8]. También se intentó dignificar las profesiones industriales al permitir el acceso a cargos públicos y a la nobleza a aquellas personas que ejerciesen artes u oficios mecánicos[9].

Sin embargo, el mayor logro de este gobierno fue la aprobación del Estatuto Real en abril de 1834, que regulaba la anhelada convocatoria de las Cortes. Sin embargo, el Estatuto Real estaba muy lejos de colmar las expectativas de los liberales más avanzados ya que no era una constitución, pues no reconocía ningún derecho para la ciudadanía, y su articulado se limitaba a detallar el funcionamiento de las Cortes. El Estatuto garantizaba que la Corona conservara amplios poderes dejando al poder legislativo unas competencias muy limitadas. La Corona podía convocar y disolver a las Cortes a su antojo con la única limitación de que el tiempo máximo en el que podían estar suspendidas era de un año. Para que una ley entrara en vigor debía ser aprobada por las dos cámaras que formaban las Cortes, Próceres del Reino y Procuradores del Reino, y además debía contar con la aprobación del rey. La cámara de los Próceres del Reino estaba formada por los nobles con grandeza de España y el resto de los componentes eran elegidos directamente por el rey, por lo que la Corona se aseguraba en la práctica el control de una de los dos cámaras. La otra cámara era elegida por sufragio, pero la ley electoral limitó el derecho del voto de tal forma que sólo había 17.000 electores en toda España, menos del 0,15% de la población. Bajo estas restrictivas normas las elecciones para procuradores se convocaron para el 30 de junio de 1834, las cuales serán objeto de un próximo capítulo.

Publicación del Estatuto Real.
Gaceta de Madrid del 16 de abril de 1834. 

Podríamos concluir que estos primeros gobiernos tras la muerte de Fernando VII dieron con sus reformas los primeros pasos para desmantelar el absolutismo, pero que sus logros, aunque importantes, quedaban muy lejos de las expectativas del liberalismo español más avanzado y, a su vez, provocaban malestar entre los sectores absolutistas más intransigentes. El imposible equilibrio entre una sociedad española tan polarizada auguraba años muy convulsos para la política nacional.


El nacimiento de la provincia de Ciudad Real

De todas las reformas comentadas es, sin lugar a dudas, la nueva división provincial aprobada el 30 de noviembre de 1833 por el ministro de Fomento Javier de Burgos la que más ha perdurado ya que, aunque con pequeñas correcciones, sigue vigente en la actualidad. Antes de esta reforma, estaba vigente el sistema de intendencias implantado por los reyes borbónicos durante el siglo XVIII. Coexistían enormes intendencias equivalentes a las actuales comunidades autónomas (Galicia, Extremadura, Aragón...), con pequeñas intendencias poco más grandes que una comarca. En otros casos, las intendencias agrupaban territorios separados geográficamente entre sí, lo que dificultaba el trabajo eficaz de la administración. Con la reforma de Javier de Burgos se intentó que las nuevas provincias fueran lo más homogéneas posibles entre sí en extensión, población y que fueran coherentes desde un punto de vista geográfico. Este era un primer paso de una serie de cambios cuyo objetivo final era modernizar todo el aparato administrativo del Estado.

Esta reforma supuso el nacimiento de la actual provincia de Ciudad Real, surgida, principalmente, de la antigua intendencia de La Mancha y, en menor medida, de las intendencias de Toledo y Córdoba. Los principales cambios que implicó esta nueva organización territorial respecto a la antigua intendencia de La Mancha fueron[10]: 

- En la parte norte se produjeron los cambios más significativos. En reformas anteriores los territorios del Priorato de San Juan habían sido asignados a la intendencia de Toledo o a la de La Mancha. En esta ocasión, se produjo un reparto de este territorio entre las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

A Toledo pasaron las poblaciones de Quintanar, Villanueva de Alcardete, Mota del Cuervo, Puebla de Don Fadrique, Puebla de Almoradiel, El Toboso, Villafranca de los Caballeros, Villacañas, Miguel Esteban, Camuñas, Tembleque, Turleque, Madridejos y Consuegra. 

En Cuenca se integraron Los Hinojosos y Santa María de los Llanos. 

En la provincia de Ciudad Real se quedaron Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Arenas de San Juan, Herencia, Pedro Muñoz, Villarta de San Juan, Las Labores y Puerto Lápice.

- En la zona este todos los pueblos del partido de Alcaraz, excepto Villanueva de la Fuente, pasaron de la intendencia de La Mancha a la provincia de Albacete. Este cambio afectó a poblaciones como Alcaraz, El Bonillo, Ossa de Montiel, Munera o Riopar. Por el contrario, Villarrobledo se quedó inicialmente en la provincia de Ciudad Real y no sería hasta 1846 cuando finalmente se incorporó a Albacete.

- En el sur los cambios fueron menores: Beas del Segura y Chiclana del Segura pasaron de La Mancha a la provincia de Jaén. Guadalmez, también conocido en la época como Palacios de Guadalmez, se integró en la provincia de Ciudad Real procedente de la intendencia de Córdoba.

 - En el noroeste las poblaciones de Anchuras, Alcoba, Arroba de los Montes, Bohonal, El Molinillo, Fontanarejo, Hontanar, Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque se unieron a la provincia de Ciudad Real procedentes de la intendencia de Toledo. Con posterioridad, se produjeron algunos cambios menores ya que el Bohonal pertenece actualmente a Badajoz y Hontanar a Toledo.

Intendencia de La Mancha, según la división territorial de 1785.

Provincia de Ciudad Real tras las división provincial de 1833.

Más importante aún fue la reforma del 23 de octubre de 1833 que creó la figura del subdelegado de Fomento y que permitió convertir una mera división geográfica, como eran las provincias, en importantes entidades políticas. Los subdelegados, denominados a partir de mayo del año siguiente gobernadores civiles[11], eran la máxima autoridad en la provincia y contaban con amplias competencias en asuntos económicos, educativos, sanitarios, de seguridad pública y de supervisión de los ayuntamientos. El papel de los primeros gobernadores civiles fue crucial para articular la nueva provincia de Ciudad Real. Esta reforma también ha perdurado en el tiempo ya que los gobernadores mantuvieron prácticamente sus competencias hasta la creación de las autonomías y, aún hoy, siguen existiendo, aunque con la denominación de delegados del Gobierno.

El 10 de diciembre de 1833 se nombró al primer subdelegado de Fomento de la provincia de Ciudad Real, el ciudadrealeño Diego Medrano Treviño (1784-1853). De ideología liberal moderada, era hombre de confianza del ala reformista del Gobierno liderada por el ministro de Fomento Javier de Burgos. De hecho, era amigo personal de ministro y del futuro presidente Martínez de la Rosa desde sus tiempos de estudiante universitario en Granada a principios de siglo. Es interesante conocer algunas pinceladas de la biografía de Diego Treviño, en primer lugar, por su intensa trayectoria vital y política y también para entender el perfil de los políticos que forjaron en estos años los cimientos del Estado liberal en España.

Diego Medrano Treviño (1784-1853).

Diego Medrano pertenecía a una importante familia noble cuya notable casa solariega se ha conservado y en la actualidad se utiliza como sede de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Terminó sus estudios de Derecho en septiembre de 1808, en plena Guerra de la Independencia, y no dudó en alistarse en el ejército español como cadete para luchar contra los franceses. Su carrera militar fue brillante, terminando el conflicto bélico con el grado de teniente coronel del Real Cuerpo de Artillería y como ayudante de Estado Mayor. Durante el Trienio Liberal se alineó políticamente con los moderados. Desempeñó importantes cargos públicos durante este periodo siendo elegido diputado en las Cortes representando a La Mancha y nombrado por el gobierno jefe político de Castellón y Jaén. Fue de los pocos liberales que se enfrentaron activamente a la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. Solicitó reingresar en el ejército y participó en la última carga de caballería que dieron las fuerzas liberales. Fue hecho prisionero, lo que le impidió huir al exilio y le condujo a un proceso de depuración en el que, gracias a la intercesión de su familia, sólo fue condenado a un confinamiento domiciliario en Ciudad Real. 

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, fue restituido en sus honores militares, alcanzó el grado de coronel y volvió a la actividad pública de la mano de sus amigos Javier de Burgos y Martínez de la Rosa. Su primer cargo público fue el de subdelegado de Fomento en Ciudad Real desde diciembre de 1833 hasta junio de 1834. Esta responsabilidad política le sirvió de trampolín para saltar a la política nacional. En las primeras elecciones a las Cortes en junio de 1834 fue elegido procurador por la provincia de Ciudad Real. El punto culminante de su carrera llegó el 21 de febrero de 1835 cuando fue nombrado ministro del Interior en el Gobierno de Martínez de la Rosa. Durante su corto y prolífico mandato contribuyó decisivamente a continuar con las reformas con la creación de las cajas de ahorros, el Cuerpo de Ingenieros Civiles, la apertura de las escuelas de ingenieros de minas, de ingenieros geógrafos e ingenieros de bosques, además, de aprobar varias disposiciones para eliminar instituciones que limitaban la libertad de comercio e industria. Diego Medrano dimitió como ministro del Interior el 13 de junio de 1835, al hacerlo Martínez de la Rosa, volviendo a sus tareas de procurador en Cortes. En 1837 fue elegido senador por Castellón de la Plana y en 1840 diputado por Ciudad Real, dentro de la candidatura de los moderados. En 1843 fue nombrado senador por designación real y a partir de 1845 senador vitalicio, ocupando en 1850 una de las vicepresidencias del Senado. En 1852, después de una dilatada e importante carrera militar y política, Medrano se retiró a Ciudad Real por motivos de edad y salud, donde falleció un año después a los sesenta y ocho años[12].

Palacio Medrano en la calle Paloma de Ciudad Real.

Una vez creadas las provincias era necesario adecuar a esta nueva organización otros poderes del Estado. Por un Real Decreto del 21 de abril de 1834 se crearon los partidos judiciales acordes a la nueva estructura provincial[13]. Los juzgados que se debían crear en las poblaciones cabecera de partido debían asumir progresivamente las competencias judiciales que hasta entonces desempeñaban alcaldes y corregidores en cada localidad. De nuevo, nos encontramos con una institución, los partidos judiciales, que dos siglos después sigue en funcionamiento. Inicialmente se crearon los siguientes partidos en la provincia de Ciudad Real: Almadén, Piedrabuena, Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Almagro, Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes.

En el partido de Manzanares se integraban los pueblos de Daimiel, Membrilla, San Carlos del Valle, La Solana y Villarrubia de los Ojos[14]. Es destacable que Daimiel, la localidad más poblada de la provincia en la época con 10.249 personas, no fuese cabecera de partido judicial y, por el contrario, se integrase en el partido de Manzanares que contaba tan sólo con 8.481 habitantes[15]. De hecho, la designación de Manzanares como cabecera de partido judicial fue una decisión de última hora en la que se tuvieron en cuenta factores políticos como la adhesión de cada localidad al nuevo régimen liberal. Manzanares y otras poblaciones de arraigada tradición liberal fueron designadas como cabeceras de partido para evitar que importantes organismos como los juzgados pudieran caer bajo el control de los carlistas. En el periódico El Eco Comercio del 16 de mayo de 1834, Fermín Caballero, uno de los miembros de la comisión encargada de seleccionar las cabeceras de partido, escribió[16]:

Diose capitalidad a Manzanares, Requena y a otros pueblos considerables que no la tenían por equivocaciones inexcusables y se hicieron algunas otras variaciones reclamadas por las circunstancias del día, tan diferentes a las que dictaron el proyecto. ¿Cómo consentir en el reinado de Isabel que subsistiesen propuestas para cabezas de partido poblaciones que no tenían otros méritos que un número considerable de realistas, un fanatismo atroz, un padrino adicto a las esperanzas de D. Carlos?

Esta situación un tanto excepcional se subsanó en octubre de 1840, una vez finalizada la Primera Guerra Carlista, cuando se creó el partido judicial de Daimiel formado por las poblaciones de Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan y Villarta de San Juan[17]. En compensación, al partido judicial de Manzanares se le agregaron las localidades de Tomelloso, Argamasilla de Alba y Moral de Calatrava. Esta organización de partidos judiciales no sería la definitiva ya que con el paso del tiempo y los cambios poblacionales Tomelloso también acabaría segregándose de Manzanares y teniendo su propio partido judicial, Piebrabuena se acabaría integrado en el partido de Ciudad Real y la cabecera del partido de Almodóvar del Campo se trasladaría a Puertollano.

Aún se tardaría años en adaptar por completo la organización administrativa de la provincia ya que importantes instituciones como la Comandancia Militar de La Mancha o la Administración Principal de Correos continuaron teniendo su sede fuera de la localidad de Ciudad Real, designada como capital de la provincia. De hecho, incluso la capitalidad de la provincia estuvo durante muchos años en cuestión y fue objeto de fuertes controversias.


La lucha por la capitalidad entre Ciudad Real, Almagro y Manzanares

En la actualidad, la localidad de Ciudad Real ocupa una posición destacada respecto al resto de poblaciones de la provincia. Es la ciudad con más habitantes, en torno a los 75.000, cuenta con importantes infraestructuras como el AVE o la autovía, es sede de la Universidad de Castilla-La Mancha y es un importante centro administrativo y comercial. Esta situación de liderazgo no se daba a principios del siglo XIX. De hecho, no había ninguna localidad en la provincia que destacase sobre el resto. Esto favorecía las pretensiones de otras localidades, como Manzanares o de Almagro, para disputar la capitalidad de la provincia.

Por ejemplo, en cuanto a población, en 1835 los dos pueblos con mayor número de habitantes eran Daimiel (10.249) y Almagro (10.200). A continuación, le seguían tres localidades con una población muy similar, en torno a los 8.500 habitantes: Ciudad Real (8.610), Valdepeñas (8.552) y Manzanares (8.481).

En el ámbito de la administración, como ya hemos comentado, ni siquiera todas las instituciones públicas de la época tenían su sede en Ciudad Real. Es cierto que el intendente, la máxima autoridad en el territorio, si residía en Ciudad Real, pero, por ejemplo, en Almagro estaba la Comandancia General de La Mancha y en Manzanares la Administración Principal de Correos y, al menos durante el Trienio Liberal (1820-1823), nuestra localidad también fue sede de la Intendencia Provincial de Policía[18]. 

Adicionalmente, había precedentes cercanos en el tiempo en los que otras poblaciones habían sido temporalmente la capital. Almagro fue capital de la intendencia de La Mancha entre 1750 y 1761, porque en ese periodo un almagreño, el conde de Valdeparaíso, fue ministro de Hacienda y en un claro caso de nepotismo ordenó cambiar la capital a su localidad de nacimiento. Más cercano en el tiempo, durante la guerra de la Independencia, concretamente entre 1810 y 1812, los franceses administraron La Mancha desde Manzanares, donde residían todas las autoridades.

En reformas anteriores también se habían suscitado polémicas y reclamaciones en torno a la capitalidad. Tenemos constancia de que Manzanares solicitó ser capital provincial durante el Trienio Liberal, cuando se estaba debatiendo un proyecto de división provincial acorde al mandato de la Constitución de Cádiz vigente durante este periodo. En concreto, en enero de 1821 las Cortes recibieron una petición para que Manzanares fuese designada como capital[19]. No tenemos mucha más información sobre este primer intento por parte de Manzanares, pero si sabemos que la petición fue rechazada ya que finalmente la elegida fue la localidad de Ciudad Real. 

Estas reclamaciones también fueron una constante con la reforma de Javier de Burgos de 1833. La rapidez con la que se tomó la decisión de llevar a cabo la nueva división provincial y la profundidad de los cambios provocó multitud de reclamaciones en los años posteriores sobre límites provinciales, las capitales designadas o solicitudes de creación de nuevas provincias. En el caso de nuestra provincia, a partir de 1835 y durante todo el año 1836 se publicaron en la prensa nacional numerosas noticias en las que se ponía en cuestión la elección de Ciudad Real y se reclamaba la capitalidad para Almagro o para Manzanares[20]. Incluso se llegó a publicar que parecía inminente el traslado de las autoridades y oficinas de Ciudad Real a una de estas dos localidades, Almagro o Manzanares[21].

Periódico El Eco del Comercio del 9 de enero de 1836.
Noticia reclamando la capitalidad para Manzanares.

También es cierto que muchas de estas noticias que ponían en cuestión la elección de Ciudad Real fueron enviadas por corresponsales de prensa desde Manzanares, con lo que podemos considerar que no serían muy objetivas. Sin embargo, también hemos localizado una noticia con origen en Valdepeñas que reclamaba la capitalidad para Manzanares[22] y esto es más llamativo teniendo en cuenta la histórica rivalidad existente entre estas dos poblaciones vecinas.

Al igual que en el caso de la elección de las cabeceras de los partidos judiciales, la situación de guerra con el carlismo condicionó este nuevo debate sobre la capitalidad provincial. Estas noticias sobre la capitalidad coinciden con momentos especialmente cruentos de la Primera Guerra Carlista en la zona de La Mancha. Entre 1835 y 1836 las guerrillas carlistas tuvieron especial presencia en nuestra provincia, llegando atacar y penetrar en Ciudad Real capital e, incluso, consiguieron mantenerla bloqueada durante días. Es creíble que en estas circunstancias se pensará en trasladar el gobierno provincial a una zona más segura y afín al liberalismo como Manzanares, donde las guerrillas carlistas tenían mucho menos apoyo y presencia. Además, en un periodo de conflicto bélico como fue éste, Manzanares contaba con la ventaja de estar en el Camino Real de Andalucía, lo que facilitaba las comunicaciones con Madrid y las posibilidades de retirada de las autoridades hacia zonas más seguras en caso de peligro.

El debate sobre la capitalidad no se limitó al ámbito periodístico, sino que saltó también a las instituciones gracias a las propuestas de políticos vinculados a Almagro. El gobernador de esta localidad fue el primero en tomar la iniciativa y en enero de 1836 reclamó en un pleno de la Diputación Provincial que la capital se trasladase a Almagro, petición que fue rechazada[23]. 

Finalmente, el debate llegó hasta las Cortes en enero de 1837, cuando un diputado elegido por el distrito electoral de Almagro, Juan Jerónimo Ceballos, solicitó formalmente en el pleno del Congreso el traslado de la capital a Almagro. Esta petición fue contestada por el diputado del distrito de Ciudad Real, Joaquín Gómez, que obviamente se opuso, originándose un tenso debate. Ante la imposibilidad de acuerdo se decidió que la Comisión de División del Territorio tomase la decisión definitiva[24]. 

Aprovechando que el debate estaba abierto, el Ayuntamiento de Manzanares envió una propuesta a las Cortes el 17 de febrero de 1837 solicitando que la capital no estuviese ni en Almagro ni en Ciudad Real, sino en Manzanares[25]. Al mes siguiente, el 10 de marzo, las Cortes recibieron un segundo escrito del Ayuntamiento manzanareño exponiendo las razones e inconvenientes por los que ambas localidades no debían elegidas como capital[26].

La Comisión de División del Territorio analizó en el mes de abril de 1837 las peticiones de las tres localidades (Ciudad Real, Almagro y Manzanares), decantándose finalmente por mantener la capital en Ciudad Real. En esta ocasión, las candidatas que más opciones reales tuvieron de ser designadas como capital fueron Almagro y Ciudad Real, ya que la petición de Manzanares llegó con más de un mes de retraso, lo que permitió que la mayoría de las instituciones y ayuntamientos de la provincia se hubieran decantado previamente por apoyar a una de estas dos localidades[27].

Es muy interesante analizar los argumentos que esgrimían las tres poblaciones en el debate sobre la capitalidad. Curiosamente, las tres localidades defendían que su situación geográfica era una ventaja sobre las otras candidatas. Ciudad Real y Almagro afirmaban estar en el centro de la provincia y Manzanares argumentaba como punto a su favor estar situada en el Camino Real que conectaba Madrid con Andalucía, lo que le proporcionaba mejores comunicaciones.

La guerra carlista fue otro de los temas fundamentales en el argumentario de las poblaciones candidatas. Manzanares afirmaba que era la población más liberal de la provincia y argumentaba que contaba con una Guardia Nacional, formada por vecinos voluntarios, muy numerosa que hacía, palabras textuales, “imposible cualquier tentativa de los facciosos contra las autoridades”[28]. En contraposición a esta ventajosa característica, desde Manzanares se acusaba a Ciudad Real de ser un nido de carlistas.

Ante esta acusación, Ciudad Real se defendía con un débil argumento, afirmando que era mejor tener la capital cerca de los carlistas para poder vigilarles más de cerca. También reivindicaban que la muralla medieval que rodeaba Ciudad Real era una ventaja para defenderse de los carlistas, en contraposición con Almagro que tenía cuatro barrios fuera de la zona amurallada. En el caso de Ciudad Real, todo el núcleo urbano se hallaba protegido por una extensa muralla cuyo trazado se correspondía con las rondas que en la actualidad rodean el centro de Ciudad Real. Tenía una extensión de nada menos que 4.600 metros, contaba con 130 torreones y 8 puertas, algunas tan impresionantes como la aún conservada puerta de Toledo.

Puerta de Toledo y murallas de Ciudad Real (1936).

Almagro usaba el argumento de su mayor riqueza. En cuanto a la industria, revindicaban la importancia de su fábrica de blondas (encaje de bolillos hecho con hilo de seda que se utilizaba para cuellos, puños o mantillas) que en 1827 daba trabajo a 2.000 operarias. También afirmaban que era el principal centro comercial de la provincia ya que se celebraban dos ferias al año en las que fabricantes catalanes depositaban géneros que luego se distribuían desde Almagro por toda la provincia. Este argumento sobre la pujanza económica de la localidad parece que estaba justificado ya que en 1840 Almagro era la población que más impuestos pagaba de la provincia, ocupando Ciudad Real el segundo lugar y Manzanares un discreto octavo puesto[29].

Almagro también alegaba que contaba con los mejores edificios, como la sede de la Orden de Calatrava o el edificio de los Jesuitas, que permitirían acoger a las oficinas provinciales y cuarteles. Ciudad Real, por contra, argumentaba sorprendentemente que su plaza era más cuadrada y de hermosa construcción que la plaza deforme, son palabras textuales, de Almagro. En este caso, el paso del tiempo ha inclinado la balanza definitivamente en favor de Almagro, que cuenta con la plaza más bella y mejor conservada de la provincia.

Plaza de Almagro.

Aunque nos salgamos del ámbito temporal de este libro es relevante explicar que Manzanares tuvo una tercera oportunidad de convertirse en capital provincial y en esta ocasión estuvo muy cerca de lograr su objetivo. Esta nueva oportunidad se originó en el ámbito de un nuevo plan de reforma de la organización provincial. La iniciativa partió del ministro de Gobernación Facundo Infante en agosto de 1841, cuando solicitó la elaboración de una reforma a la Comisión de División del Territorio, la misma que había resulto la disputa de 1837 que ya hemos comentado entre Manzanares, Almagro y Ciudad Real[30]. Esta Comisión había tenido que responder unas 1.200 reclamaciones presentadas entre 1834 y 1841 por límites entre provincias, solicitud de creación de nuevas provincias o cambios de capitalidad. Con todo este bagaje era el organismo idóneo para proponer una nueva reforma territorial. Este nuevo proyecto de división provincial fue liderado por el geógrafo, político y escritor conquense Fermín Caballero, relevante miembro de la Comisión de División del Territorio.


Fermín Caballero debía tener una especial predilección por Manzanares ya que, como hemos mencionado, formó parte de la comisión que decidió que esta localidad fuera cabecera de un partido judicial en 1834 en detrimento de Daimiel y defendió públicamente esta decisión con un artículo en la prensa. No sólo esto, sino que en su proyecto de división provincial Fermín Caballero adjudicó a Manzanares la capitalidad de la provincia que pasaría a llamarse Mancha. Esto es más llamativo teniendo en cuenta que fue el único cambio que propuso Fermín Caballero para las capitales. Desafortunadamente, no se han conservado las argumentaciones de Fermín Caballero para proponer a Manzanares como capital provincial.

Proyecto de división provincial de Fermín Caballero (1842).

En la apertura de la legislatura en el Congreso en diciembre de 1841 el regente Espartero defendió que "el buen orden de la administración exige una división territorial que enmiende los defectos que la experiencia ha hecho conocer en la que hoy rige; con este fin se os presentará un proyecto de ley que reclama el bien público"[31]. Con este apoyo por parte de Espartero parecía inevitable la aprobación de la reforma y, por tanto, muy cercana la posibilidad de Manzanares de convertirse en capital. 

El proyecto de Fermín Caballero fue entregado al ministro de Fomento en 1842, pero el gobierno cayó a los pocos meses en junio de ese mismo año, por lo que no tuvo tiempo de cumplir con el compromiso expresado por Espartero de llevar a cabo una nueva división provincial durante esa legislatura. Este cambio ministerial frustró las opciones de Manzanares cuando más cerca estuvo de su objetivo. Sin embargo, la caída del progresista Espartero en 1843 no supuso el fin definitivo del proyecto de Fermín Caballero. 

Los siguientes gobiernos moderados no abandonaron la idea de llevar a cabo la reforma del sistema provincial. En 1844 una nota interna del consejo de ministros aludió a la necesidad de retomar la reforma provincial. En 1847 el ministro de Gobernación Antonio Benavides remitió el proyecto de Fermín Caballero al Consejo Real sin que éste llegase a tomar una decisión al respecto. 

Con la vuelta al poder de los progresistas en 1854, se retomaron los proyectos de reforma. En 1856 el ministro de Gracia y Justicia, José Arias Uría, encargó de nuevo a Fermín Caballero la redacción de un proyecto de ley de división territorial. En ese mismo año, el ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, anunció la creación de una comisión presidida por Fermín Caballero y Práxedes Mateo Sagasta para la redacción de un nuevo proyecto de organización territorial. Una vez más la comisión no pudo terminar sus trabajos por la disolución del parlamento en septiembre. 

En definitiva, los continuos cambios del ejecutivo típicos del siglo XIX, con gobiernos que duraban pocos meses o incluso semanas, impidieron la aprobación definitiva de un proyecto, como el de Fermín Caballero, que necesitaba forjar amplios consensos para llevarse a cabo.

Llegados a este punto sólo nos queda especular con lo que hubiera supuesto para Manzanares si en alguna de estas ocasiones se hubiese aprobado el proyecto de Fermín Caballero con la localidad como capital provincial. Podemos hacernos una idea de que habría pasado en Manzanares si analizamos la evolución que ha tenido Ciudad Real en estos casi dos últimos siglos en los que ha ostentando la capitalidad. A modo de ejemplo, recordemos que ambas localidades tenían a principios del siglo XIX prácticamente la misma población y que en la actualidad Ciudad Real ha pasado a cuadriplicar el número de habitantes de Manzanares.

Miguel Ángel Maeso Buenasmañanas, enero de 2023

[1] Fragmentos del manifiesto del 4 de octubre de 1833 de la regente María Cristina.

[2] Real Decreto del 23 de octubre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de octubre de 1833.

[3] Real Decreto del 4 de enero de 1834, publicado en la Gaceta de Madrid del 7 de enero de 1834.

[4] La venta de lana se liberalizó por un Real Decreto de 23 de noviembre de 1833 publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de noviembre de 1833. El resto de productos mencionados se liberalizaron por un Real Decreto de 10 de diciembre de 1833 publicado en la Gaceta de Madrid del 12 de noviembre de 1833.

[5] Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 3 de diciembre de 1833

[6] Real Decreto del 23 de octubre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de octubre de 1833.

[7] Resumen de las normas tomadas por el gobierno de Martínez de la Rosa sobre la liberalización de diferentes sectores económicos:
  • Real Decreto del 20 de enero de 1834 de liberalización del comercio de objetos de comer, beber y arder publicado en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.
  • Real Orden del 20 de enero de 1834 de liberalización de la ganadería en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.
  • Real Decreto del 29 de enero de 1834 de liberalización del comercio harinas y cereales publicado en la Gaceta de Madrid del 30 de enero de 1834.
  • Real Decreto del 17 de febrero de 1834 de liberalización de la cría y comercio de caballos publicado en la Gaceta de Madrid del 18 de febrero de 1834.
  • Real Orden del 20 de febrero de 1834 sobre la libertad para decidir las fechas de la vendimia publicado en la Gaceta de Madrid del 13 de marzo de 1834.
  • Real Decreto del 25 de febrero de 1834 de liberalización del sector vinícola publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de febrero de 1834.

[8] Real Decreto del 20 de enero de 1834 publicado en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.

[9] Real Decreto del 25 de febrero de 1834 publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de febrero de 1834.

[10] Boletín Oficial de La Mancha del 16 de enero de 1834. Se enumeran los pueblos de la intendencia de La Mancha que no se integran en la provincia de Ciudad Real y los procedentes de otras intendencias que se añaden en la provincia.

[11] Real Decreto del 13 de mayo de 1834, publicado en la Gaceta de Madrid del 15 de mayo de 1834 en el que se cambia la denominación de subdelegado de Fomento por gobernador provincial.

[12] Biografía de Diego Medrano Treviño obtenida de la Real Academia de la Historia, https://dbe.rah.es/biografias/16352/diego-medrano-y-trevino, fecha de acceso 28/12/2022.

[13] Real Decreto del 21 de abril de 1834, publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de abril de 1834 en el que se crean los partidos judiciales. 

[14] Boletín Oficial de La Mancha del 11 de septiembre de 1834. Detalla las poblaciones incluidas en cada partido judicial.

[15] Los datos de población se han obtenido del Boletín Extraordinario de Ciudad Real del 2 de noviembre de 1835 en el que se publica el número de habitantes de cada localidad para asignar la cuotas de reclutamiento.

[16] En el periódico El Eco Comercio del 16 de mayo de 1834 no aparece el nombre del autor del artículo, pero en (BURGUEÑO RIVERO, 1997) se indica que es Fermín Caballero.

[17] Boletín Oficial de Ciudad Real del 22 de octubre de 1840. 

[18] (DÍAZ-PINTADO PARDILLA, 1998).


[19] (BURGUEÑO RIVERO, 1997).

[20] Las noticias publicadas en la prensa nacional reclamando la capitalidad para Manzanares durante el año 1836 fueron:

La Revista Nacional del 16 de septiembre de 1836.

El Castellano del 20 de septiembre de 1836.

El Eco del Comercio del 20 de septiembre de 1836. 

El Castellano del 21 de noviembre de 1836. 

[21] Las noticias publicadas en la prensa nacional anunciando o solicitando el traslado de las autoridades provinciales a Almagro o Manzanares son:

El Eco Comercio del 6 de octubre de 1836. 

[22] El Castellano del 21 de noviembre de 1836.

[23] (PILLET CAPDEON, 1987).

[25] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes del 17 de febrero de 1837.

[26] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes del 10 de marzo de 1837.

[27] (PILLET CAPDEON, 1987).

[28] El Eco del Comercio del 9 de enero de 1836..

[29] Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 17 de diciembre de 1840.

[30] (BURGUEÑO RIVERO, 1995) y (BURGUEÑO RIVERO, 1997).

[31] Diario de Sesiones del Congreso del 26 de diciembre de 1841.


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lunes, 2 de enero de 2023

MANZANARES Y LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL DURANTE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833 - 1840): Capítulo 4. La epidemia de cólera (junio - octubre 1834)

Hasta fechas relativamente recientes nuestros antepasados tuvieron que convivir con una sucesión interminable de epidemias y calamidades. En el siglo XIX, en la provincia de Ciudad Real eran muy habituales enfermedades que asustan con sólo enumerarlas: viruela, tifus, fiebres tifoideas, tuberculosis, malaria, fiebre amarilla, ántrax o cólera. El precario sistema sanitario y la falta de conocimientos científicos sobre las causas, formas de propagación o tratamiento de las enfermedades provocaban elevadísimas mortandades. La esperanza de vida apenas superaba los 20 años y la tasa de mortalidad era mucho peor que la que padecen en la actualidad los países más pobres y atrasados del mundo como Sudán del Sur o Afganistán[1]. En este sombrío panorama una de las epidemias que mayor impacto tuvo en la provincia de Ciudad Real fue la originada por el cólera en el año 1834. 

Esta enfermedad la causa una bacteria denominada vibrio cholerae que provoca en el ser humano una fuerte diarrea y vómitos. En pocos días puede causar la muerte del paciente por la enorme deshidratación que provoca. Se transmite al tomar alimentos o beber agua contaminada por la bacteria. Los propios enfermos contribuyen a expandir la enfermedad a través de la carga bacteriana de sus heces y vómitos, situación que se agravaba en la época al carecer de sistemas de alcantarillado y distribución de agua potable. 

Bacteria vibrio cholerae causante del cólera

El cólera era una enfermedad endémica de la India que a partir de 1817 empezó a extenderse por todo el mundo. La limitada movilidad existente en la época ralentizó la propagación de la enfermedad. A Europa no llegó hasta el año 1830. Los primeros casos de detectaron en Moscú, para pasar posteriormente a Polonia, a Austria e Inglaterra en 1831 y a Alemania en 1832. En España se detectaron los primeros brotes a principios de 1833 en Galicia, Extremadura y Andalucía, aunque el gran estallido de la epidemia en nuestro país no se produciría hasta el año siguiente.

A pesar de la complicada situación política que atravesaba España, el Gobierno actuó con cierta diligencia y anticipación en la lucha contra el cólera. La Real Junta Gubernativa de Medicina y Cirugía envió una comisión de expertos en febrero de 1832 a París, Viena y Munich para estudiar el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la provincia de Ciudad Real, en junio de 1833, con un año de antelación respecto a la aparición del primer brote en la zona, se creó la Junta Provincial de Sanidad con el objetivo de coordinar la prevención y lucha contra la enfermedad. La Junta realizó una activa labor con la publicación durante el resto del año 1833 de numerosas circulares con normas y recomendaciones que debían seguir los ayuntamientos[2].

En estas circulares se exigía la creación en cada localidad de una Junta Municipal de Sanidad que debería ser la encargada de velar por el cumplimiento de las normas emanadas de la Junta Provincial. Otro de los principales objetivos de esta normativa era la reducción de la movilidad desde las zonas ya infectadas para evitar la propagación de la enfermedad. Los viajeros procedentes de Andalucía y Extremadura, los focos más cercanos de cólera, tenían que tener una cédula de sanidad para entrar en la provincia de Ciudad Real o, en caso contrario, tenían que ser internados en lazaretos para pasar una cuarentena. La Junta Provincial de Sanidad también exigía que en todos los municipios se destinase un edificio como lazareto para aislar a los casos sospechosos y aconsejaba que estuviese ubicado en una zona aislada fuera del casco urbano. También obligaba a que en cada municipio se habilitase otro edificio para utilizarlo como hospital en el caso de que, finalmente, la enfermedad hiciera acto de presencia. Se animaba a las autoridades a solicitar donaciones a los vecinos para equipar el hospital e incluso a crear nuevas tasas o impuestos municipales con los que financiar todas estas medidas. Además, obligaba a cercar las localidades con muros y vallas improvisadas y en las puertas de acceso que se habilitasen se debían establecer puestos de vigilancia formados por “vecinos honrados” que controlasen las entradas de personas y mercancías. Los mendigos forasteros debían ser expulsados y se llegó al extremo de que se penase con la muerte a aquellos contrabandistas que introdujesen mercancías contaminadas. Dentro de este paquete de normas también se velaba para evitar, en la medida de lo posible, la paralización la actividad económica, ya que se estipulaba que no se debería impedir a los vecinos la salida de las poblaciones por motivos de trabajo y que se debían evitar molestias innecesarias a aquellos viajeros que tuvieran la documentación en regla o que procedieran de zonas no contaminadas.

Otro importante objetivo de la normativa emanada de la Junta Provincial de Sanidad era el aumento de la limpieza y la eliminación de posibles focos de contaminación. Se exigía hacer un esfuerzo suplementario en la limpieza de las calles, sin permitir verter aguas sucias, animales muertos, ni ningún otro cuerpo que pudiera alterar la pureza del aire. Se debían limpiar los basureros, cloacas y depósitos de aguas inmundas que había en el interior de las casas. Estas medidas eran muy importantes ya que en la época no existían ni servicios de recogida de basura ni redes de saneamiento y alcantarillado, por lo que prácticamente cada casa contaba con su propio basurero y su pozo de aguas negras. También se exigió a las autoridades municipales desecar cualquier balsa o laguna de aguas estancadas que hubiera en el interior o en las proximidades de la población. En los mataderos no se permitió acumular sangre, ni materias fecales, ni otros desperdicios de los animales y, para ello, debían trasladarse diariamente estos restos a un paraje fuera de la población en dirección opuesta a los vientos predominantes en la zona. Se debían sacar de las poblaciones las pozas de los curtidores, las calderas o fábricas de jabón y los hornos de cal y yeso. Se rescató otra vieja normativa vigente desde finales del siglo anterior, pero no siempre cumplida, que prohibía el enterramiento de las personas en las iglesias y que obligaba a la creación de cementerios fuera del casco urbano. En este conjunto de normas se aprecia la confusión existente en la época sobre la forma de propagación de la enfermedad ya que las medidas van dirigidas a evitar la contaminación por aguas estancadas o por aires contaminados, cuando, como ya hemos comentado, el cólera sólo se propaga por la ingestión de aguas y alimentos infectados. En cualquier caso, debemos reconocer que la mayor parte de las medidas eran correctas en sus planteamientos y que, a pesar del tiempo transcurrido y los avances científicos, recuerdan en muchos casos a las tomadas recientemente durante la epidemia de covid-19: cierres regionales, confinamiento de poblaciones, creación de lazaretos y hospitales, pasaportes sanitarios, mejora de la higiene y desinfección de lugares públicos, etc.

Además de la Junta Provincial de Sanidad, otra institución de reciente creación también destacó por su liderazgo en la lucha contra el cólera, la Subdelegación de Fomento. La creación de las subdelegaciones de Fomento fue una de las primeras medidas reformistas, de inspiración liberal, tomadas por el Gobierno de Cea Bermúdez en octubre de 1833, tras la muerte de Fernando VII. El objetivo de esta medida era, junto con la nueva división provincial, modernizar la estructura administrativa del país. Los subdelegados de Fomento, que pocos meses después se convertirían en gobernadores civiles, tenían amplías competencias en asuntos económicos, educativos, sanitarios, de seguridad pública y de supervisión de los ayuntamientos. El primer subdelegado de Fomento de la provincia, el ciudadrealeño Diego Medrano y Treviño, y su sucesor Francisco de Paula Lillo tuvieron un papel protagonista en la lucha contra el cólera. No menos importante fue el papel jugado por el Boletín Oficial de la Provincia, también de reciente creación en abril de 1833. Las noticias sobre el cólera, la normativa sanitaria o las decisiones de la Subdelegación de Fomento y de la Junta Provincial de Sanidad eran transmitidas a las autoridades municipales de forma eficaz a través de los boletines.

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real

A pesar del esfuerzo de las autoridades provinciales, los ayuntamientos no siempre cumplieron con las nuevas normas sanitarias. En diciembre de 1833, la máxima autoridad militar de la provincia, el comandante general de La Mancha Francisco Ramonet, recriminó duramente a los ayuntamientos que, alegando falta de fondos, no habían realizado el cercamiento de los cascos urbanos. En el ánimo de Ramonet pesaban más las preocupaciones militares que las sanitarias, ya que consideraba que estas cercas servirían también para la defensa de las localidades en caso de ataque de las guerrillas carlistas[3]. 

Durante los primeros meses de 1834 la atención de las autoridades sobre el cólera bajó considerablemente. No tenemos constancia de que la Junta Provincial de Sanidad, tan activa durante el año anterior, publicase nuevas circulares. Tan sólo en febrero de 1834, cuando se tuvo noticia de un nuevo brote de cólera en Granada, el subdelegado de Fomento Diego Treviño, tras reunirse con la Junta Provincial de Sanidad, decidió impedir la entrada de personas y bienes procedentes de Granada y obligar a cumplir una cuarentena a los que consiguieran llegar[4]. Esta ausencia de noticias pudo deberse, en primer lugar, a que las temperaturas invernales contribuyeron a frenar la enfermedad, que no llegó a propagarse fuera de Andalucía. En segundo lugar, como hemos visto en el capítulo anterior, las autoridades estaban volcadas en la lucha contra las guerrillas carlistas, lo que posibilitó la derrota en el mes de junio de esta primera oleada de grupos insurgentes.

La aparente tranquilidad lograda tras la derrota de los guerrilleros fue brutalmente rota por la aparición en la provincia de este otro enemigo mucho más mortífero, la epidemia de cólera. La alarma se desató en el mismo mes de junio cuando se tuvieron noticias de brotes de la enfermedad en la limítrofe provincia de Jaén, en concreto en la población de Andújar. No sólo el cólera se estaba acercando, sino que, además, existía un grave riesgo de propagación de la enfermedad ya que muchos vecinos de Andújar intentaban escapar del contagio huyendo en un enorme convoy compuesto por más de 20 carros en dirección hacia la provincia de Ciudad Real. El día 12 de junio se publicó en la prensa nacional que el convoy había llegado a Manzanares, posiblemente con personas infectadas, pues al menos dos viajeros habían fallecido en Bailén. El Gobierno ordenó que el acalde mayor de Ocaña, acompañado de un grupo de lanceros de la Guardia Real, detuviese al convoy de Andújar e internase a todos los viajeros en un lazareto de forma inmediata en cuanto fuesen localizados. Además, se ordenaba cortar el tráfico de personas y bienes con Andalucía en Almuradiel. Adicionalmente, se envió un médico desde Madrid para auxiliar a los enfermos del convoy y otro segundo a Andújar para evaluar la situación y ayudar a las autoridades locales[5]. Las autoridades provinciales también actuaron diligentemente y muestra de ello es que Diego Treviño, ya por entonces reconvertido en gobernador civil, dedicó íntegramente los boletines oficiales de la provincia del 17 y 19 de junio de 1834 a republicar las circulares emitidas por la Junta Superior de Sanidad durante el año anterior.

El 19 de junio el Gobierno decidió asilar completamente Andalucía estableciendo un cordón sanitario desde Fregenal de la Sierra en Badajoz hasta Caravaca de la Cruz en Murcia, que sería vigilado por el ejército y las milicias locales. Esta barrera sólo podría franquearse en determinados puntos donde se realizarían controles médicos y se establecerían casas de observación para internar a los enfermos o realizar cuarentenas a los viajeros sanos procedentes de zonas infectadas. En la provincia de Ciudad Real los puntos de entrada que se establecieron fueron, desde oeste a este, el valle de los Pedroches en la zona de Almadén, Venta de Cárdenas en el camino real de Andalucía y Villamanrique en el campo de Montiel. Adicionalmente, para proteger la capital de España se estableció un segundo cordón sanitario a lo largo del río Tajo[6].

Desafortunadamente, estas medidas llegaron muy tarde para la provincia de Ciudad Real. Gracias a los libros de defunciones de los archivos parroquiales hemos podido comprobar que posiblemente desde mediados de junio el cólera ya causaba estragos en poblaciones como Daimiel y Villarta de San Juan. En el caso concreto de Villarta, de tan sólo 656 habitantes, hubo 29 fallecimientos en apenas dos meses, desde el 16 de junio hasta el 14 de agosto. Esta cifra suponía nada menos que quintuplicar el número de muertes producidas el año anterior durante el mismo periodo. En la mayor parte de los casos, la causa del fallecimiento registrada en el libro de los difuntos fue muerte por vómitos, síntoma compatible con el cólera. Este mismo patrón, un fuerte aumento de los fallecimientos durante un periodo de dos meses aproximadamente, se repite en casi todos los pueblos afectados por la enfermedad. Por tanto, podemos afirmar que el cólera ya había entrado de lleno en la provincia antes incluso de que se ordenara establecer el cordón sanitario con Andalucía. Además, hay que tener en cuenta que debieron pasar muchos días hasta que se pudiera hacer efectiva esta medida de aislamiento en una línea tan extensa que se prolongaba desde Extremadura a Murcia, por lo que la enfermedad se debió extender sin mayores impedimentos. De hecho, al mes siguiente se detectaron nuevos brotes de cólera en poblaciones como Santa Cruz de Mudela[7], La Solana[8], Cabezarrubias[9] y Manzanares[10]. La epidemia se prolongó en la provincia de Ciudad Real hasta el mes de octubre con consecuencias catastróficas, aunque también es cierto que con impactos muy dispares dependiendo de la zona. Analizaremos con más detalle las repercusiones de la epidemia en cada una de las comarcas de la provincia: Montes, Alcudia, Campo de Calatrava, Sierra Morena, La Mancha y Campo de Montiel. 

Comarcas de la provincia de Ciudad Real.

Para hacer este análisis sobre la repercusión de la epidemia de cólera por zonas geográficas se han contabilizado el número de muertes mensuales, para el periodo 1833-1835, registradas en los libros de difuntos de los archivos parroquiales de las principales poblaciones de cada una de las comarcas. Todos estos datos pueden consultarse en la siguiente tabla: 

Fallecimientos mensuales en la provincia de Ciudad Real (1833-1835)

La columna “HAB.” muestra el número de habitantes de cada localidad. Este dato se ha obtenido del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 2 de noviembre de 1835. En la columna “Mortal.” está calculada la tasa de mortalidad en fallecidos por cada mil habitantes. Los datos de fallecimientos se han obtenido de los libros de difuntos de los archivos parroquiales, excepto las cifras de Manzanares del año 1834 que provienen de BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO: 2002.

Como puede observarse, la zona centro y este de la provincia, las más próximas al Camino Real de Andalucía, fueron las más afectadas por el cólera. En la comarca de Sierra Morena, limítrofe con Andalucía, las tres localidades más pobladas en la época (Santa Cruz de Mudela, Calzada de Calatrava y el Viso del Marqués) sufrieron fuertes brotes de la enfermedad, aunque en diferentes periodos. Santa Cruz de Mudela en el mes de julio y las otras dos localidades de forma tardía en el mes de octubre. Es precisamente Calzada de Calatrava la población que presenta peores datos de todas las analizadas en la provincia de Ciudad Real. Sólo en mes de octubre murieron 215 personas que representaban un 5% de la población total. Hubo en este mes dos veces y media más muertes que en todo el año anterior de 1833. Este catastrófico mes de octubre elevó el índice de mortalidad de 1834 hasta un escalofriante valor de 64,4 fallecidos por cada mil habitantes. Este número es más sobrecogedor si se compara con el peor país del mundo en términos de mortalidad en 2019, Sudán del Sur que, sumido en hambrunas y en una guerra civil, alcanzó una tasa de 19,3 fallecidos por cada mil habitantes, menos de un tercio de la alcanzada por Calzada de Calatrava en 1834 a consecuencia del cólera. 

La comarca de La Mancha, atravesada de sur a norte por el camino de Andalucía, también fue muy afectada por la epidemia, alcanzando Manzanares valores similares a los de Calzada de Calatrava. El número de fallecidos en esta localidad en 1834 duplicó los valores del año anterior (266 muertos en 1833 frente a 533 en 1834) y se alcanzó una tasa de 62,8 fallecimientos por cada mil habitantes. El momento álgido de la epidemia fue julio y agosto, meses en los que fallecieron 316 personas. Las otras poblaciones de la comarca analizadas, Alcázar de San Juan y Villarta de San Juan, también se vieron afectadas por el cólera, aunque en esta última la baja mortalidad una vez superada la epidemia, sólo un fallecido registrado entre septiembre y diciembre, compensaron en términos anuales el elevado número de muertes de los meses de verano. En el campo de Calatrava, Daimiel y Miguelturra también doblaron el número de fallecidos en 1834 respecto al año anterior. 

En el resto de las comarcas, más alejadas de las principales rutas de comunicación, encontramos zonas que consiguieron librarse del azote del cólera. En la comarca de los Montes, al noroeste de la provincia, Malagón escapó indemne de la epidemia, aunque Piedrabuena se vio afectada durante el mes de octubre. Algo similar ocurrió en la comarca de Alcudia, donde la principal población, Almodóvar del Campo, mantuvo niveles normales de mortalidad, sin embargo, pequeñas aldeas de la zona sí que se vieron afectadas. Cabezarrubias sufrió un brote en el mes de julio y Hinojosas de Calatrava tuvo una elevada mortalidad durante el verano y el otoño. Por último, en el Campo de Montiel, los datos obtenidos parecen indicar que Villanueva de los Infantes y Torre de Juan Abad consiguieron evitar la propagación de la epidemia.

Si se analizan los datos globalmente, en las localidades estudiadas hubo una sobremortalidad en 1834 respecto al año anterior de 960 fallecidos adicionales. Estas localidades sumaban una población de 55.253 personas respecto a un total de 198.268 habitantes de la provincia de Ciudad Real. Si extrapolamos estos datos al conjunto de la provincia obtendríamos una sobremortalidad de 3.445 personas, que supondría un 1,74% de la población total. Si trasladamos esta misma mortalidad a la actual epidemia de covid 19 sería equivalente a que sólo en los primeros cincos meses de enfermedad hubieran muerto en España la escalofriante cifra de más de 800.000 personas. Estos cálculos son orientativos de la repercusión del cólera en el conjunto de la provincia de Ciudad Real, pero no deberían considerarse como valores definitivos. En primer lugar, la muestra de localidades estudiadas no es representativa ya que se han seleccionado principalmente los pueblos con mayor número de habitantes, en donde el impacto del cólera pudo ser mayor. En sentido contrario, hemos observado que, pasada la epidemia, la mortalidad descendía respecto a los mismos meses del año anterior y esto compensaba en parte la sobremortalidad ocasionada por el cólera. Por otro lado, estamos analizando datos anuales cuando la epidemia de cólera se concentró en los meses de verano y esto provoca que se diluya en parte numéricamente las terribles consecuencias de la enfermedad. En cualquier caso, hechas estas salvedades, estos datos globales sirven para tener una idea aproximada del impacto de la enfermedad en el conjunto de la provincia.

Si analizamos los fríos datos numéricos desde el punto de vista de la huella que la epidemia dejó en la mente y actitudes de las personas, resulta difícil imaginar la incertidumbre y el miedo que debió provocar una enfermedad desconocida hasta la fecha, que provocaba esos niveles de mortalidad. El mejor ejemplo de la desesperación que podía generar el cólera se puso de manifiesto en Madrid en julio de 1834, cuando se extendió el rumor infundado de que la enfermedad la estaban provocando religiosos que contrataban a niños para envenenar las fuentes. La crispación creció hasta tal punto que las masas populares asaltaron los conventos de la capital el 17 de julio asesinando a 75 religiosos. También es cierto que en estos hechos pudieron influir otras motivaciones de tipo político, ya que la Iglesia se había ganado la animadversión de los liberales por el apoyo que buena parte del clero prestaba a los carlistas.

Asesinato de frailes en la basílica de San Francisco el Grande en Madrid en julio de 1834.
Obra del pintor Ramón Pulido Fernández (1867-1936).

Estos elevados índices de mortalidad, aunque sorprendentes, no son más que consecuencia de las limitadas posibilidades de la época. Existía un desconocimiento sobre la causa que provocaba la enfermedad y sobre la forma en la que se propagaba. Tampoco había un consenso médico sobre el tratamiento que debía aplicarse a los pacientes, aunque, en este sentido, resulta llamativo que en el Boletín Oficial de La Mancha se publicaran remedios contra el cólera, uno de ellos de un médico de La Solana, en los que se insistía correctamente en que la hidratación continua de los enfermos con agua, aceite o vino era el único medio para superar la enfermedad. Además, en estos escritos se desaconsejaba, con buen criterio, la realización de sangrías, el uso de sanguijuelas y toda clase de remedios debilitantes[11]. Por otro lado, la escasez de médicos impedía que la mayor parte de los pacientes pudieran recibir una mínima asistencia. En una población como Manzanares, con 8.481 habitantes, contaba en fechas cercanas con una reducida plantilla sanitaria: dos médicos, un cirujano, una partera, cuatro boticarios y algunos barberos que aplicaban tratamientos sanitarios básicos (MAESO BUENASMAÑANAS: 2020c). No menos importante en una enfermedad como el cólera que se trasmitía por el agua, era la carencia de una red alcantarillado y de agua potable. Habría que esperar hasta principios del siglo XX para que en los mayores pueblos de la provincia se empezasen a construir redes de agua y alcantarillado, que en muchos casos no se completaron hasta la segunda mitad del siglo.

Con la llegada del invierno, la epidemia cesó con la misma rapidez con la que se había propagado a partir del mes de junio. Aunque octubre fue especialmente trágico en poblaciones como Piedrabuena, Miguelturra, Calzada de Calatrava o Viso del Marqués, en el mes de noviembre los índices de mortalidad cayeron drásticamente, alcanzando valores incluso inferiores al año 1833. Una vez superada la epidemia, de nuevo la guerra volvió a ser la primera preocupación en la provincia.

Afortunadamente, el cólera no volvió hacer acta de presencia en la provincia de Ciudad Real hasta muchos años después, con una segunda epidemia en 1855 y una tercera y definitiva en 1885. El posterior descubrimiento de la bacteria causante de la enfermedad, el desarrollo de vacunas, la utilización de antibióticos y la mejora general de las condiciones higiénicas han conseguido combatir eficazmente la enfermedad. A partir del siglo XX el cólera ha desaparecido de los países avanzados, aunque lamentablemente sigue siendo endémica en el sureste asiático, América central y del sur y el África subsahariana. 

Miguel Ángel Maeso Buenasmañanas, enero de 2023.


[1] La edad media de los fallecidos en Manzanares en 1826 fue de 23,74 años, en 1844 de 21,78 y en 1868 de 23,50. La tasa de mortalidad en 1826 era de 23,62 muertos por cada mil habitantes y de 33,3 en el año 1868 (MAESO BUENASMAÑANAS: 2020b). Estos valores de la tasa de mortalidad de Manzanares durante el siglo XIX eran aún más altos que los 19,3 fallecidos por cada mil habitantes de Sudán del Sur en 2019, país que tuvo el triste privilegio de encabezar los datos de mortalidad en ese año en todo el mundo.

[2] En el Boletín Oficial de la Mancha del 17 de junio y 19 de junio de 1834 se volvieron a publicar parte de las circulares elaboradas por la Junta Provincial de Sanidad durante el año anterior. En concreto, hay circulares de fecha 20 de junio, 31 de agosto, 14 de septiembre y 12 de octubre de 1833.

[3] La Revista Española de 14 de enero de 1834. Se publica un escrito del 23 de diciembre de 1833 del comandante general de La Mancha, Francisco Ramonet, recriminando a Torre de Juan Abad y otras poblaciones por no haber cumplido con las medidas relativas al cercamiento de las poblaciones.

[4] Boletín Oficial de La Mancha del 9 de febrero de 1834.

[5] La Revista Española de 12 de junio de 1834.


[6] Boletín Oficial de La Mancha del 1 de julio de 1834, en el que se publica una real orden del Secretario de Estado y Despacho de lo Interior de fecha 19 de junio en el que se decreta el aislamiento de Andalucía y se establecen los cordones sanitarios. En el Boletín Oficial de La Mancha del 3 de julio de 1834 se publicó una instrucción adicional, también con fecha 19 de junio, en el que se daban instrucciones más detalladas sobre el funcionamiento de los cordones sanitarios y las casas de observación que se debían establecer en los puntos de entrada habilitados para los viajeros y mercancías procedentes de Andalucía.

[7] Boletín Oficial de La Mancha de 21 de julio de 1834. La Junta Provincial de Sanidad declaró en estado sospechoso Santa Cruz de Mudela con fecha 19 de julio.

[8] Boletín Oficial de La Mancha de 15 de julio de 1834. La Junta Provincial de Sanidad declaró en estado sospechoso La Solana con fecha 13 de julio.

[9] Boletín Oficial de La Mancha de 31 de julio de 1834. La Junta Provincial de Sanidad declaró en estado sospechoso Cabezarrubias con fecha 28 de julio.

[10] Boletín Oficial de La Mancha de 6 de agosto de 1834. La Junta Provincial de Sanidad declaró en estado sospechoso Manzanares con fecha 4 de agosto. En el archivo parroquial hemos podido constatar que la mortalidad se quintuplicó a partir del mes de julio.

[11] Boletín Oficial de La Mancha del 4 y 18 de agosto de 1834.


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