Tras dedicar los primeros capítulos a la narración de los acontecimientos ocurridos en la provincia durante el primer año de guerra, es necesario hacer un pequeño receso para explicar la situación política nacional y, de este modo, tener una visión de conjunto que nos permita entender mejor los hechos acontecidos en Ciudad Real.
Como ya hemos comentado, tras la muerte de Fernando VII, su esposa María Cristina, asumió la regencia ya que su hija Isabel tenía tan sólo tres años. Una de las primeras medidas tomadas por la regente fue la confirmación en la presidencia del Gobierno de Francisco Cea Bermúdez, absolutista reformista que ejercía este cargo desde 1832 y que ya había tomado en el pasado algunas medidas aperturistas como la amnistía que había permitido la vuelta de miles de liberales del exilio.
 |
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1868-1878).
Regente de España entre 1833-1840.
|
El ideario del Gobierno quedó plasmado en un manifiesto del 4 de octubre de 1833, redactado por Cea Bermúdez y firmado por María Cristina, en el que se apostaba por mantener los poderes absolutos de la monarquía, la preponderancia de la Iglesia, pero en el que también se dejaba abierta la puerta a reformas administrativas que mejorasen el funcionamiento del Estado y favoreciesen el crecimiento económico.
La religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España, serán respetadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza... Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en sus principios, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno para un país es aquella a que está acostumbrado.
Mas no por eso dejaré estática y sin cultivo esta preciosa posesión... no ignoro, y procuraré estudiar mejor, los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de la administración pública, y me esforzaré para corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta y profunda administración de la justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al fomento de todos los orígenes de la riqueza[1].
Con este manifiesto el Gobierno pretendía posicionarse en un punto político intermedio que no asustase a los sectores absolutistas, para evitar que se sumasen a la sublevación carlista, y, al mismo tiempo, hacer algunas reformas limitadas que atrajesen a los liberales más moderados. Estas reformas estuvieron lideradas por el ministro de Fomento Javier de Burgos que representaba el ala más aperturista del Gobierno y afectaron a diferentes ámbitos: político, económico, administrativo, etc.
En el plano político, se intentó atraer a los liberales aprobando un nuevo decreto que amnistiaba a una treintena de antiguos diputados de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal[2]. Se aprobó una nueva ley de imprenta que permitía la libre publicación de textos técnicos y científicos, pero que mantenía la censura sobre temas religiosos, morales y políticos[3].
En cuanto a la economía, se liberalizó la venta de numerosos productos como la lana, sosa, barrila, trapo, lino y cáñamo, eliminando el derecho de tanteo que tenía la industria nacional para adquirir de forma preferente estas materias primas y que suponía un claro perjuicio para los agricultores a los que se privaba de vender libremente sus productos al mejor postor[4]. Este sistema de tanteo se había establecido en el siglo anterior para fomentar la industria nacional, pero en la práctica estaba facilitando prácticas corruptas. Parte de las materias primas, que supuestamente debían abastecer a los productores nacionales, acababan siendo exportadas generando grandes beneficios a intermediarios en perjuicio de los agricultores.
Las reformas más importantes y duraderas se acometieron en el ámbito administrativo. El 30 de noviembre de 1833 se aprobó una nueva división provincial, que sustituía al antiguo sistema de intendencias[5]. No menos importante, se creó la figura del subdelegado de Fomento que se convertiría en la máxima autoridad provincial[6]. Estas medidas contribuyeron a racionalizar la administración y consolidar el poder del Estado en el territorio. Estas importantes reformas supusieron el nacimiento de la provincia de Ciudad Real a partir de la antigua intendencia de La Mancha, acontecimiento que se explicará detalladamente más adelante.
Todas estas disposiciones tomadas por el Gobierno quedaban muy lejos de las expectativas de los liberales, que anhelaban reformas mucho más ambiciosas, desde una convocatoria de Cortes y la recuperación de un sistema representativo hasta, en el caso del liberalismo más radical, proclamar de nuevo la Constitución de Cádiz. Con el paso de las semanas las críticas contra el Gobierno y, especialmente, contra su presidente Cea Bermúdez fueron creciendo. La regente recibió numerosas presiones para cesar a Cea que tuvieron su punto culminante cuando los capitanes generales de Cataluña, Manuel Llarder, y de Castilla la Vieja, Vicente Genaro de Quesada, se unieron a los descontentos.
La regente María Cristina, al ver que el ejército se inclinaba también por un cambio de rumbo, se vio forzada a cesar a Cea Bermúdez y nombró para sustituirle a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que había sido diputado en las Cortes de Cádiz, presidente del Gobierno durante el Trienio Liberal y exiliado posteriormente en Francia durante siete años para escapar de la represión absolutista. Este nombramiento representó un punto de inflexión en la transición de España hacia el liberalismo, un antiguo represaliado por sus ideas liberales llegaba a la jefatura del Gobierno.
 |
| Francisco Martínez de la Rosa. |
El nuevo Gobierno de Martínez de la Rosa continuó con las reformas con renovado ímpetu. Desde el ministerio de Fomento de Javier de Burgos se tomaron numerosas medidas para desregular la vida económica del país y acabar con el complicado entramado jurídico del absolutismo que ahogaba la competencia, el comercio y la iniciativa empresarial. La normativa llegaba a tal punto de sobre regulación que, por poner un ejemplo cercano, hasta las fechas en las que se podía vendimiar estaban establecidas por ley. Las nuevas reformas liberalizaron el comercio de cereales y harinas, de productos alimenticios, el sector vinícola, la ganadería, etc[7]. Se eliminaron aquellas prerrogativas de las asociaciones gremiales que les habían permitido históricamente limitar la competencia, la aplicación de nuevas técnicas de producción o el libre movimiento de mercancías[8]. También se intentó dignificar las profesiones industriales al permitir el acceso a cargos públicos y a la nobleza a aquellas personas que ejerciesen artes u oficios mecánicos[9].
Sin embargo, el mayor logro de este gobierno fue la aprobación del Estatuto Real en abril de 1834, que regulaba la anhelada convocatoria de las Cortes. Sin embargo, el Estatuto Real estaba muy lejos de colmar las expectativas de los liberales más avanzados ya que no era una constitución, pues no reconocía ningún derecho para la ciudadanía, y su articulado se limitaba a detallar el funcionamiento de las Cortes. El Estatuto garantizaba que la Corona conservara amplios poderes dejando al poder legislativo unas competencias muy limitadas. La Corona podía convocar y disolver a las Cortes a su antojo con la única limitación de que el tiempo máximo en el que podían estar suspendidas era de un año. Para que una ley entrara en vigor debía ser aprobada por las dos cámaras que formaban las Cortes, Próceres del Reino y Procuradores del Reino, y además debía contar con la aprobación del rey. La cámara de los Próceres del Reino estaba formada por los nobles con grandeza de España y el resto de los componentes eran elegidos directamente por el rey, por lo que la Corona se aseguraba en la práctica el control de una de los dos cámaras. La otra cámara era elegida por sufragio, pero la ley electoral limitó el derecho del voto de tal forma que sólo había 17.000 electores en toda España, menos del 0,15% de la población. Bajo estas restrictivas normas las elecciones para procuradores se convocaron para el 30 de junio de 1834, las cuales serán objeto de un próximo capítulo.
 |
Publicación del Estatuto Real.
Gaceta de Madrid del 16 de abril de 1834. |
Podríamos concluir que estos primeros gobiernos tras la muerte de Fernando VII dieron con sus reformas los primeros pasos para desmantelar el absolutismo, pero que sus logros, aunque importantes, quedaban muy lejos de las expectativas del liberalismo español más avanzado y, a su vez, provocaban malestar entre los sectores absolutistas más intransigentes. El imposible equilibrio entre una sociedad española tan polarizada auguraba años muy convulsos para la política nacional.
El nacimiento de la provincia de Ciudad Real
De todas las reformas comentadas es, sin lugar a dudas, la nueva división provincial aprobada el 30 de noviembre de 1833 por el ministro de Fomento Javier de Burgos la que más ha perdurado ya que, aunque con pequeñas correcciones, sigue vigente en la actualidad. Antes de esta reforma, estaba vigente el sistema de intendencias implantado por los reyes borbónicos durante el siglo XVIII. Coexistían enormes intendencias equivalentes a las actuales comunidades autónomas (Galicia, Extremadura, Aragón...), con pequeñas intendencias poco más grandes que una comarca. En otros casos, las intendencias agrupaban territorios separados geográficamente entre sí, lo que dificultaba el trabajo eficaz de la administración. Con la reforma de Javier de Burgos se intentó que las nuevas provincias fueran lo más homogéneas posibles entre sí en extensión, población y que fueran coherentes desde un punto de vista geográfico. Este era un primer paso de una serie de cambios cuyo objetivo final era modernizar todo el aparato administrativo del Estado.
Esta reforma supuso el nacimiento de la actual provincia de Ciudad Real, surgida, principalmente, de la antigua intendencia de La Mancha y, en menor medida, de las intendencias de Toledo y Córdoba. Los principales cambios que implicó esta nueva organización territorial respecto a la antigua intendencia de La Mancha fueron[10]:
- En la parte norte se produjeron los cambios más significativos. En reformas anteriores los territorios del Priorato de San Juan habían sido asignados a la intendencia de Toledo o a la de La Mancha. En esta ocasión, se produjo un reparto de este territorio entre las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
A Toledo pasaron las poblaciones de Quintanar, Villanueva de Alcardete, Mota del Cuervo, Puebla de Don Fadrique, Puebla de Almoradiel, El Toboso, Villafranca de los Caballeros, Villacañas, Miguel Esteban, Camuñas, Tembleque, Turleque, Madridejos y Consuegra.
En Cuenca se integraron Los Hinojosos y Santa María de los Llanos.
En la provincia de Ciudad Real se quedaron Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Arenas de San Juan, Herencia, Pedro Muñoz, Villarta de San Juan, Las Labores y Puerto Lápice.
- En la zona este todos los pueblos del partido de Alcaraz, excepto Villanueva de la Fuente, pasaron de la intendencia de La Mancha a la provincia de Albacete. Este cambio afectó a poblaciones como Alcaraz, El Bonillo, Ossa de Montiel, Munera o Riopar. Por el contrario, Villarrobledo se quedó inicialmente en la provincia de Ciudad Real y no sería hasta 1846 cuando finalmente se incorporó a Albacete.
- En el sur los cambios fueron menores: Beas del Segura y Chiclana del Segura pasaron de La Mancha a la provincia de Jaén. Guadalmez, también conocido en la época como Palacios de Guadalmez, se integró en la provincia de Ciudad Real procedente de la intendencia de Córdoba.
- En el noroeste las poblaciones de Anchuras, Alcoba, Arroba de los Montes, Bohonal, El Molinillo, Fontanarejo, Hontanar, Horcajo de los Montes, Navalpino, Navas de Estena y Retuerta del Bullaque se unieron a la provincia de Ciudad Real procedentes de la intendencia de Toledo. Con posterioridad, se produjeron algunos cambios menores ya que el Bohonal pertenece actualmente a Badajoz y Hontanar a Toledo.
 |
| Intendencia de La Mancha, según la división territorial de 1785. |
 |
| Provincia de Ciudad Real tras las división provincial de 1833. |
Más importante aún fue la reforma del 23 de octubre de 1833 que creó la figura del subdelegado de Fomento y que permitió convertir una mera división geográfica, como eran las provincias, en importantes entidades políticas. Los subdelegados, denominados a partir de mayo del año siguiente gobernadores civiles[11], eran la máxima autoridad en la provincia y contaban con amplias competencias en asuntos económicos, educativos, sanitarios, de seguridad pública y de supervisión de los ayuntamientos. El papel de los primeros gobernadores civiles fue crucial para articular la nueva provincia de Ciudad Real. Esta reforma también ha perdurado en el tiempo ya que los gobernadores mantuvieron prácticamente sus competencias hasta la creación de las autonomías y, aún hoy, siguen existiendo, aunque con la denominación de delegados del Gobierno.
El 10 de diciembre de 1833 se nombró al primer subdelegado de Fomento de la provincia de Ciudad Real, el ciudadrealeño Diego Medrano Treviño (1784-1853). De ideología liberal moderada, era hombre de confianza del ala reformista del Gobierno liderada por el ministro de Fomento Javier de Burgos. De hecho, era amigo personal de ministro y del futuro presidente Martínez de la Rosa desde sus tiempos de estudiante universitario en Granada a principios de siglo. Es interesante conocer algunas pinceladas de la biografía de Diego Treviño, en primer lugar, por su intensa trayectoria vital y política y también para entender el perfil de los políticos que forjaron en estos años los cimientos del Estado liberal en España.
 |
| Diego Medrano Treviño (1784-1853). |
Diego Medrano pertenecía a una importante familia noble cuya notable casa solariega se ha conservado y en la actualidad se utiliza como sede de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Terminó sus estudios de Derecho en septiembre de 1808, en plena Guerra de la Independencia, y no dudó en alistarse en el ejército español como cadete para luchar contra los franceses. Su carrera militar fue brillante, terminando el conflicto bélico con el grado de teniente coronel del Real Cuerpo de Artillería y como ayudante de Estado Mayor. Durante el Trienio Liberal se alineó políticamente con los moderados. Desempeñó importantes cargos públicos durante este periodo siendo elegido diputado en las Cortes representando a La Mancha y nombrado por el gobierno jefe político de Castellón y Jaén. Fue de los pocos liberales que se enfrentaron activamente a la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. Solicitó reingresar en el ejército y participó en la última carga de caballería que dieron las fuerzas liberales. Fue hecho prisionero, lo que le impidió huir al exilio y le condujo a un proceso de depuración en el que, gracias a la intercesión de su familia, sólo fue condenado a un confinamiento domiciliario en Ciudad Real.
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, fue restituido en sus honores militares, alcanzó el grado de coronel y volvió a la actividad pública de la mano de sus amigos Javier de Burgos y Martínez de la Rosa. Su primer cargo público fue el de subdelegado de Fomento en Ciudad Real desde diciembre de 1833 hasta junio de 1834. Esta responsabilidad política le sirvió de trampolín para saltar a la política nacional. En las primeras elecciones a las Cortes en junio de 1834 fue elegido procurador por la provincia de Ciudad Real. El punto culminante de su carrera llegó el 21 de febrero de 1835 cuando fue nombrado ministro del Interior en el Gobierno de Martínez de la Rosa. Durante su corto y prolífico mandato contribuyó decisivamente a continuar con las reformas con la creación de las cajas de ahorros, el Cuerpo de Ingenieros Civiles, la apertura de las escuelas de ingenieros de minas, de ingenieros geógrafos e ingenieros de bosques, además, de aprobar varias disposiciones para eliminar instituciones que limitaban la libertad de comercio e industria. Diego Medrano dimitió como ministro del Interior el 13 de junio de 1835, al hacerlo Martínez de la Rosa, volviendo a sus tareas de procurador en Cortes. En 1837 fue elegido senador por Castellón de la Plana y en 1840 diputado por Ciudad Real, dentro de la candidatura de los moderados. En 1843 fue nombrado senador por designación real y a partir de 1845 senador vitalicio, ocupando en 1850 una de las vicepresidencias del Senado. En 1852, después de una dilatada e importante carrera militar y política, Medrano se retiró a Ciudad Real por motivos de edad y salud, donde falleció un año después a los sesenta y ocho años[12].
 |
| Palacio Medrano en la calle Paloma de Ciudad Real. |
Una vez creadas las provincias era necesario adecuar a esta nueva organización otros poderes del Estado. Por un Real Decreto del 21 de abril de 1834 se crearon los partidos judiciales acordes a la nueva estructura provincial[13]. Los juzgados que se debían crear en las poblaciones cabecera de partido debían asumir progresivamente las competencias judiciales que hasta entonces desempeñaban alcaldes y corregidores en cada localidad. De nuevo, nos encontramos con una institución, los partidos judiciales, que dos siglos después sigue en funcionamiento. Inicialmente se crearon los siguientes partidos en la provincia de Ciudad Real: Almadén, Piedrabuena, Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Almagro, Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes.
En el partido de Manzanares se integraban los pueblos de Daimiel, Membrilla, San Carlos del Valle, La Solana y Villarrubia de los Ojos[14]. Es destacable que Daimiel, la localidad más poblada de la provincia en la época con 10.249 personas, no fuese cabecera de partido judicial y, por el contrario, se integrase en el partido de Manzanares que contaba tan sólo con 8.481 habitantes[15]. De hecho, la designación de Manzanares como cabecera de partido judicial fue una decisión de última hora en la que se tuvieron en cuenta factores políticos como la adhesión de cada localidad al nuevo régimen liberal. Manzanares y otras poblaciones de arraigada tradición liberal fueron designadas como cabeceras de partido para evitar que importantes organismos como los juzgados pudieran caer bajo el control de los carlistas. En el periódico El Eco Comercio del 16 de mayo de 1834, Fermín Caballero, uno de los miembros de la comisión encargada de seleccionar las cabeceras de partido, escribió[16]:
Diose capitalidad a Manzanares, Requena y a otros pueblos considerables que no la tenían por equivocaciones inexcusables y se hicieron algunas otras variaciones reclamadas por las circunstancias del día, tan diferentes a las que dictaron el proyecto. ¿Cómo consentir en el reinado de Isabel que subsistiesen propuestas para cabezas de partido poblaciones que no tenían otros méritos que un número considerable de realistas, un fanatismo atroz, un padrino adicto a las esperanzas de D. Carlos?
Esta situación un tanto excepcional se subsanó en octubre de 1840, una vez finalizada la Primera Guerra Carlista, cuando se creó el partido judicial de Daimiel formado por las poblaciones de Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan y Villarta de San Juan[17]. En compensación, al partido judicial de Manzanares se le agregaron las localidades de Tomelloso, Argamasilla de Alba y Moral de Calatrava. Esta organización de partidos judiciales no sería la definitiva ya que con el paso del tiempo y los cambios poblacionales Tomelloso también acabaría segregándose de Manzanares y teniendo su propio partido judicial, Piebrabuena se acabaría integrado en el partido de Ciudad Real y la cabecera del partido de Almodóvar del Campo se trasladaría a Puertollano.
Aún se tardaría años en adaptar por completo la organización administrativa de la provincia ya que importantes instituciones como la Comandancia Militar de La Mancha o la Administración Principal de Correos continuaron teniendo su sede fuera de la localidad de Ciudad Real, designada como capital de la provincia. De hecho, incluso la capitalidad de la provincia estuvo durante muchos años en cuestión y fue objeto de fuertes controversias.
La lucha por la capitalidad entre Ciudad Real, Almagro y Manzanares
En la actualidad, la localidad de Ciudad Real ocupa una posición destacada respecto al resto de poblaciones de la provincia. Es la ciudad con más habitantes, en torno a los 75.000, cuenta con importantes infraestructuras como el AVE o la autovía, es sede de la Universidad de Castilla-La Mancha y es un importante centro administrativo y comercial. Esta situación de liderazgo no se daba a principios del siglo XIX. De hecho, no había ninguna localidad en la provincia que destacase sobre el resto. Esto favorecía las pretensiones de otras localidades, como Manzanares o de Almagro, para disputar la capitalidad de la provincia.
Por ejemplo, en cuanto a población, en 1835 los dos pueblos con mayor número de habitantes eran Daimiel (10.249) y Almagro (10.200). A continuación, le seguían tres localidades con una población muy similar, en torno a los 8.500 habitantes: Ciudad Real (8.610), Valdepeñas (8.552) y Manzanares (8.481).
En el ámbito de la administración, como ya hemos comentado, ni siquiera todas las instituciones públicas de la época tenían su sede en Ciudad Real. Es cierto que el intendente, la máxima autoridad en el territorio, si residía en Ciudad Real, pero, por ejemplo, en Almagro estaba la Comandancia General de La Mancha y en Manzanares la Administración Principal de Correos y, al menos durante el Trienio Liberal (1820-1823), nuestra localidad también fue sede de la Intendencia Provincial de Policía[18].
Adicionalmente, había precedentes cercanos en el tiempo en los que otras poblaciones habían sido temporalmente la capital. Almagro fue capital de la intendencia de La Mancha entre 1750 y 1761, porque en ese periodo un almagreño, el conde de Valdeparaíso, fue ministro de Hacienda y en un claro caso de nepotismo ordenó cambiar la capital a su localidad de nacimiento. Más cercano en el tiempo, durante la guerra de la Independencia, concretamente entre 1810 y 1812, los franceses administraron La Mancha desde Manzanares, donde residían todas las autoridades.
En reformas anteriores también se habían suscitado polémicas y reclamaciones en torno a la capitalidad. Tenemos constancia de que Manzanares solicitó ser capital provincial durante el Trienio Liberal, cuando se estaba debatiendo un proyecto de división provincial acorde al mandato de la Constitución de Cádiz vigente durante este periodo. En concreto, en enero de 1821 las Cortes recibieron una petición para que Manzanares fuese designada como capital[19]. No tenemos mucha más información sobre este primer intento por parte de Manzanares, pero si sabemos que la petición fue rechazada ya que finalmente la elegida fue la localidad de Ciudad Real.
Estas reclamaciones también fueron una constante con la reforma de Javier de Burgos de 1833. La rapidez con la que se tomó la decisión de llevar a cabo la nueva división provincial y la profundidad de los cambios provocó multitud de reclamaciones en los años posteriores sobre límites provinciales, las capitales designadas o solicitudes de creación de nuevas provincias. En el caso de nuestra provincia, a partir de 1835 y durante todo el año 1836 se publicaron en la prensa nacional numerosas noticias en las que se ponía en cuestión la elección de Ciudad Real y se reclamaba la capitalidad para Almagro o para Manzanares[20]. Incluso se llegó a publicar que parecía inminente el traslado de las autoridades y oficinas de Ciudad Real a una de estas dos localidades, Almagro o Manzanares[21].
 |
Periódico El Eco del Comercio del 9 de enero de 1836.
Noticia reclamando la capitalidad para Manzanares. |
También es cierto que muchas de estas noticias que ponían en cuestión la elección de Ciudad Real fueron enviadas por corresponsales de prensa desde Manzanares, con lo que podemos considerar que no serían muy objetivas. Sin embargo, también hemos localizado una noticia con origen en Valdepeñas que reclamaba la capitalidad para Manzanares[22] y esto es más llamativo teniendo en cuenta la histórica rivalidad existente entre estas dos poblaciones vecinas.
Al igual que en el caso de la elección de las cabeceras de los partidos judiciales, la situación de guerra con el carlismo condicionó este nuevo debate sobre la capitalidad provincial. Estas noticias sobre la capitalidad coinciden con momentos especialmente cruentos de la Primera Guerra Carlista en la zona de La Mancha. Entre 1835 y 1836 las guerrillas carlistas tuvieron especial presencia en nuestra provincia, llegando atacar y penetrar en Ciudad Real capital e, incluso, consiguieron mantenerla bloqueada durante días. Es creíble que en estas circunstancias se pensará en trasladar el gobierno provincial a una zona más segura y afín al liberalismo como Manzanares, donde las guerrillas carlistas tenían mucho menos apoyo y presencia. Además, en un periodo de conflicto bélico como fue éste, Manzanares contaba con la ventaja de estar en el Camino Real de Andalucía, lo que facilitaba las comunicaciones con Madrid y las posibilidades de retirada de las autoridades hacia zonas más seguras en caso de peligro.
El debate sobre la capitalidad no se limitó al ámbito periodístico, sino que saltó también a las instituciones gracias a las propuestas de políticos vinculados a Almagro. El gobernador de esta localidad fue el primero en tomar la iniciativa y en enero de 1836 reclamó en un pleno de la Diputación Provincial que la capital se trasladase a Almagro, petición que fue rechazada[23].
Finalmente, el debate llegó hasta las Cortes en enero de 1837, cuando un diputado elegido por el distrito electoral de Almagro, Juan Jerónimo Ceballos, solicitó formalmente en el pleno del Congreso el traslado de la capital a Almagro. Esta petición fue contestada por el diputado del distrito de Ciudad Real, Joaquín Gómez, que obviamente se opuso, originándose un tenso debate. Ante la imposibilidad de acuerdo se decidió que la Comisión de División del Territorio tomase la decisión definitiva[24].
Aprovechando que el debate estaba abierto, el Ayuntamiento de Manzanares envió una propuesta a las Cortes el 17 de febrero de 1837 solicitando que la capital no estuviese ni en Almagro ni en Ciudad Real, sino en Manzanares[25]. Al mes siguiente, el 10 de marzo, las Cortes recibieron un segundo escrito del Ayuntamiento manzanareño exponiendo las razones e inconvenientes por los que ambas localidades no debían elegidas como capital[26].
La Comisión de División del Territorio analizó en el mes de abril de 1837 las peticiones de las tres localidades (Ciudad Real, Almagro y Manzanares), decantándose finalmente por mantener la capital en Ciudad Real. En esta ocasión, las candidatas que más opciones reales tuvieron de ser designadas como capital fueron Almagro y Ciudad Real, ya que la petición de Manzanares llegó con más de un mes de retraso, lo que permitió que la mayoría de las instituciones y ayuntamientos de la provincia se hubieran decantado previamente por apoyar a una de estas dos localidades[27].
Es muy interesante analizar los argumentos que esgrimían las tres poblaciones en el debate sobre la capitalidad. Curiosamente, las tres localidades defendían que su situación geográfica era una ventaja sobre las otras candidatas. Ciudad Real y Almagro afirmaban estar en el centro de la provincia y Manzanares argumentaba como punto a su favor estar situada en el Camino Real que conectaba Madrid con Andalucía, lo que le proporcionaba mejores comunicaciones.
La guerra carlista fue otro de los temas fundamentales en el argumentario de las poblaciones candidatas. Manzanares afirmaba que era la población más liberal de la provincia y argumentaba que contaba con una Guardia Nacional, formada por vecinos voluntarios, muy numerosa que hacía, palabras textuales, “imposible cualquier tentativa de los facciosos contra las autoridades”[28]. En contraposición a esta ventajosa característica, desde Manzanares se acusaba a Ciudad Real de ser un nido de carlistas.
Ante esta acusación, Ciudad Real se defendía con un débil argumento, afirmando que era mejor tener la capital cerca de los carlistas para poder vigilarles más de cerca. También reivindicaban que la muralla medieval que rodeaba Ciudad Real era una ventaja para defenderse de los carlistas, en contraposición con Almagro que tenía cuatro barrios fuera de la zona amurallada. En el caso de Ciudad Real, todo el núcleo urbano se hallaba protegido por una extensa muralla cuyo trazado se correspondía con las rondas que en la actualidad rodean el centro de Ciudad Real. Tenía una extensión de nada menos que 4.600 metros, contaba con 130 torreones y 8 puertas, algunas tan impresionantes como la aún conservada puerta de Toledo.
 |
| Puerta de Toledo y murallas de Ciudad Real (1936). |
Almagro usaba el argumento de su mayor riqueza. En cuanto a la industria, revindicaban la importancia de su fábrica de blondas (encaje de bolillos hecho con hilo de seda que se utilizaba para cuellos, puños o mantillas) que en 1827 daba trabajo a 2.000 operarias. También afirmaban que era el principal centro comercial de la provincia ya que se celebraban dos ferias al año en las que fabricantes catalanes depositaban géneros que luego se distribuían desde Almagro por toda la provincia. Este argumento sobre la pujanza económica de la localidad parece que estaba justificado ya que en 1840 Almagro era la población que más impuestos pagaba de la provincia, ocupando Ciudad Real el segundo lugar y Manzanares un discreto octavo puesto[29].
Almagro también alegaba que contaba con los mejores edificios, como la sede de la Orden de Calatrava o el edificio de los Jesuitas, que permitirían acoger a las oficinas provinciales y cuarteles. Ciudad Real, por contra, argumentaba sorprendentemente que su plaza era más cuadrada y de hermosa construcción que la plaza deforme, son palabras textuales, de Almagro. En este caso, el paso del tiempo ha inclinado la balanza definitivamente en favor de Almagro, que cuenta con la plaza más bella y mejor conservada de la provincia.
 |
| Plaza de Almagro. |
Aunque nos salgamos del ámbito temporal de este libro es relevante explicar que Manzanares tuvo una tercera oportunidad de convertirse en capital provincial y en esta ocasión estuvo muy cerca de lograr su objetivo. Esta nueva oportunidad se originó en el ámbito de un nuevo plan de reforma de la organización provincial. La iniciativa partió del ministro de Gobernación Facundo Infante en agosto de 1841, cuando solicitó la elaboración de una reforma a la Comisión de División del Territorio, la misma que había resulto la disputa de 1837 que ya hemos comentado entre Manzanares, Almagro y Ciudad Real[30]. Esta Comisión había tenido que responder unas 1.200 reclamaciones presentadas entre 1834 y 1841 por límites entre provincias, solicitud de creación de nuevas provincias o cambios de capitalidad. Con todo este bagaje era el organismo idóneo para proponer una nueva reforma territorial. Este nuevo proyecto de división provincial fue liderado por el geógrafo, político y escritor conquense Fermín Caballero, relevante miembro de la Comisión de División del Territorio.
Fermín Caballero debía tener una especial predilección por Manzanares ya que, como hemos mencionado, formó parte de la comisión que decidió que esta localidad fuera cabecera de un partido judicial en 1834 en detrimento de Daimiel y defendió públicamente esta decisión con un artículo en la prensa. No sólo esto, sino que en su proyecto de división provincial Fermín Caballero adjudicó a Manzanares la capitalidad de la provincia que pasaría a llamarse Mancha. Esto es más llamativo teniendo en cuenta que fue el único cambio que propuso Fermín Caballero para las capitales. Desafortunadamente, no se han conservado las argumentaciones de Fermín Caballero para proponer a Manzanares como capital provincial.
 |
| Proyecto de división provincial de Fermín Caballero (1842). |
En la apertura de la legislatura en el Congreso en diciembre de 1841 el regente Espartero defendió que "el buen orden de la administración exige una división territorial que enmiende los defectos que la experiencia ha hecho conocer en la que hoy rige; con este fin se os presentará un proyecto de ley que reclama el bien público"[31]. Con este apoyo por parte de Espartero parecía inevitable la aprobación de la reforma y, por tanto, muy cercana la posibilidad de Manzanares de convertirse en capital.
El proyecto de Fermín Caballero fue entregado al ministro de Fomento en 1842, pero el gobierno cayó a los pocos meses en junio de ese mismo año, por lo que no tuvo tiempo de cumplir con el compromiso expresado por Espartero de llevar a cabo una nueva división provincial durante esa legislatura. Este cambio ministerial frustró las opciones de Manzanares cuando más cerca estuvo de su objetivo. Sin embargo, la caída del progresista Espartero en 1843 no supuso el fin definitivo del proyecto de Fermín Caballero.
Los siguientes gobiernos moderados no abandonaron la idea de llevar a cabo la reforma del sistema provincial. En 1844 una nota interna del consejo de ministros aludió a la necesidad de retomar la reforma provincial. En 1847 el ministro de Gobernación Antonio Benavides remitió el proyecto de Fermín Caballero al Consejo Real sin que éste llegase a tomar una decisión al respecto.
Con la vuelta al poder de los progresistas en 1854, se retomaron los proyectos de reforma. En 1856 el ministro de Gracia y Justicia, José Arias Uría, encargó de nuevo a Fermín Caballero la redacción de un proyecto de ley de división territorial. En ese mismo año, el ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, anunció la creación de una comisión presidida por Fermín Caballero y Práxedes Mateo Sagasta para la redacción de un nuevo proyecto de organización territorial. Una vez más la comisión no pudo terminar sus trabajos por la disolución del parlamento en septiembre.
En definitiva, los continuos cambios del ejecutivo típicos del siglo XIX, con gobiernos que duraban pocos meses o incluso semanas, impidieron la aprobación definitiva de un proyecto, como el de Fermín Caballero, que necesitaba forjar amplios consensos para llevarse a cabo.
Llegados a este punto sólo nos queda especular con lo que hubiera supuesto para Manzanares si en alguna de estas ocasiones se hubiese aprobado el proyecto de Fermín Caballero con la localidad como capital provincial. Podemos hacernos una idea de que habría pasado en Manzanares si analizamos la evolución que ha tenido Ciudad Real en estos casi dos últimos siglos en los que ha ostentando la capitalidad. A modo de ejemplo, recordemos que ambas localidades tenían a principios del siglo XIX prácticamente la misma población y que en la actualidad Ciudad Real ha pasado a cuadriplicar el número de habitantes de Manzanares.
Miguel Ángel Maeso Buenasmañanas, enero de 2023
1] Fragmentos del manifiesto del 4 de octubre de 1833 de la regente María Cristina.
[2] Real Decreto del 23 de octubre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de octubre de 1833.
[3] Real Decreto del 4 de enero de 1834, publicado en la Gaceta de Madrid del 7 de enero de 1834.
[4] La venta de lana se liberalizó por un Real Decreto de 23 de noviembre de 1833 publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de noviembre de 1833. El resto de productos mencionados se liberalizaron por un Real Decreto de 10 de diciembre de 1833 publicado en la Gaceta de Madrid del 12 de noviembre de 1833.
[5] Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 3 de diciembre de 1833
[6] Real Decreto del 23 de octubre de 1833, publicado en la Gaceta de Madrid del 24 de octubre de 1833.
[7] Resumen de las normas tomadas por el gobierno de Martínez de la Rosa sobre la liberalización de diferentes sectores económicos:
- Real Decreto del 20 de enero de 1834 de liberalización del comercio de objetos de comer, beber y arder publicado en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.
- Real Orden del 20 de enero de 1834 de liberalización de la ganadería en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.
- Real Decreto del 29 de enero de 1834 de liberalización del comercio harinas y cereales publicado en la Gaceta de Madrid del 30 de enero de 1834.
- Real Decreto del 17 de febrero de 1834 de liberalización de la cría y comercio de caballos publicado en la Gaceta de Madrid del 18 de febrero de 1834.
- Real Orden del 20 de febrero de 1834 sobre la libertad para decidir las fechas de la vendimia publicado en la Gaceta de Madrid del 13 de marzo de 1834.
- Real Decreto del 25 de febrero de 1834 de liberalización del sector vinícola publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de febrero de 1834.
[8] Real Decreto del 20 de enero de 1834 publicado en la Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1834.
[9] Real Decreto del 25 de febrero de 1834 publicado en la Gaceta de Madrid del 27 de febrero de 1834.
[10] Boletín Oficial de La Mancha del 16 de enero de 1834. Se enumeran los pueblos de la intendencia de La Mancha que no se integran en la provincia de Ciudad Real y los procedentes de otras intendencias que se añaden en la provincia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario