La falta de avances políticos,
que hemos descrito al comienzo del capítulo anterior, provocaron un gran
descontento entre los progresistas, no solo con el gobierno moderado de
Martínez de la Rosa sino también con el marco institucional creado a partir del
Estatuto Real. En el ideario progresista el Estatuto no era más que un parche
que estaba muy lejos de colmar sus aspiraciones. El objetivo principal de los
progresistas era la proclamación de la Constitución de Cádiz o, en su defecto,
la aprobación de una nueva constitución.
La marcha de la guerra contra los
carlistas también contribuyó a socavar la posición del gobierno. En el capítulo anterior hemos visto la proliferación de guerrillas durante el año 1835 en la
provincia de Ciudad Real. En el conjunto de España el conflicto bélico también transcurría de forma adversa para los liberales. Las victorias del general
Zumalacárregui sobre las tropas isabelinas permitieron que los carlistas
dominaran amplias zonas del País Vasco y Navarra y que llegaran incluso a
sitiar la ciudad de Bilbao en el mes de junio de 1835.
El primer serio aviso del descontento que estaba fermentando entre los sectores liberales más avanzados fue el motín protagonizado por el regimiento de voluntarios de Aragón en enero de 1835. En la madrugada del día 18, liderados por el teniente Cayetano Cardero, más de 600 soldados del regimiento, apoyados por milicianos y civiles armados, se apoderaron de la Casa de Correos en la Puerta del Sol de Madrid. Entre sus demandas estaban la dimisión del presidente y la tramitación de las peticiones del Estamento de Procuradores, como la legislación sobre derechos fundamentales también comentada en el capítulo anterior, que el Gobierno había dejado en el olvido. Durante los disturbios murió el general Canterac, capitán general de Madrid, que se personó de forma temeraria en la Casa de Correos acompañado únicamente por un ayudante para intentar disuadir a los insurrectos. Aunque el motín fue sofocado en las horas siguientes, tras algunos combates por las calles del centro de Madrid, el Gobierno mostró una gran debilidad ya que el único castigo impuesto a los sublevados fue la obligación de incorporarse de forma inmediata a la lucha en el frente del norte contra los carlistas.
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Grabado de El Panorama Español. Asesinato del general Canterac en Madrid en enero de 1835. |
En los meses siguientes la ira de los descontentos se dirigió contra otra importante institución tradicionalmente enfrentada a los postulados liberales, la Iglesia. Se produjeron motines anticlericales en diferentes ciudades españolas, similares al estallido de violencia del verano anterior en Madrid en plena epidemia de cólera. El principal de los motines sucedió en Zaragoza el 3 de abril de 1835 y se saldó con una decena de religiosos muertos, varios heridos y el incendio del convento de la Victoria.
Durante el mes de mayo la efervescencia llegó a las calles de Madrid afectando nada menos que al presidente Martínez de la Rosa. El día 11, a la salida de una conflictiva reunión del Estamento de Procuradores, el presidente del Gobierno se vio rodeado de una turba armada con armas blancas que gritaban “¡Muerte al traidor!”. Aunque Martínez de la Rosa consiguió llegar hasta su coche y salir del tumulto, a la llegada a su domicilio se repitieron los incidentes. La aparición del capitán general de Madrid consiguió apartar a los violentos que rodeaban el coche del presidente y éste finalmente pudo entrar en su casa sano y salvo.
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| Ataque a Martínez de la Rosa el 11 de mayo de 1835[1]. |
Todos estos hechos llevaron al Gobierno de Martínez de la Rosa a una situación límite. Muchos eran los factores que debilitaban la acción de gobierno: la inestabilidad reinante en todo el país ya fuera por la guerra o por los motines liberales, la fuerte oposición de la minoría progresista en el Estamento de Procuradores o los desastres bélicos en el frente norte. Finalmente, Martínez de la Rosa presentó su dimisión irrevocable a la regente María Cristina el 7 de junio de 1835.
El sustituto de Martínez de la
Rosa al frente del Gobierno fue José María Queipo de Llano, conde de Toreno. La
trayectoria de Toreno tenía muchos puntos en común con la de su antecesor.
Había sido diputado en las Cortes de Cádiz y exiliado en los periodos
absolutistas del reinado de Fernando VII. El tiempo había templado sus planteamientos
y, al igual que Martínez de la Rosa, pertenecía a la mayoría moderada. El
auténtico cambio en el nuevo Gobierno lo representaba la entrada del
progresista Juan Álvarez de Mendizábal en la cartera de Hacienda. Mendizábal
era un brillante hombre de negocios que había financiado en 1820 el golpe del
coronel Riego que dio lugar al Trienio Liberal y, más recientemente, en 1833 había sido el artífice económico en el triunfo de los liberales portugueses en
la guerra civil contra los miguelistas, éste último movimiento político del
país vecino equivalente a los carlistas españoles. Con estas exitosas
credenciales, muchos españoles depositaron sobre Mendizábal las esperanzas de
lograr una pronta victoria sobre el carlismo. El nombramiento de Mendizábal
también significaba una clara cesión de la regente en favor de los
progresistas, ya que era la primera vez que se daba entrada en el Gobierno a un
destacado líder de esta corriente política. Sin embargo, el nombramiento de
Mendizábal, lejos de apaciguar los ánimos de los progresistas, fue en la
práctica un incentivo para nuevos motines, ya que sentían cada vez más cerca la posibilidad de lograr, no solo un ministerio, sino la presidencia del Gobierno y
avanzar en las reformas que hasta ahora habían frenado los moderados.
A partir del mes de julio los
motines se extendieron por toda España, convirtiéndose en un auténtico movimiento
revolucionario. Zaragoza volvió a ser protagonista iniciando un nuevo motín el 5 de julio. A continuación, las protestas
se extendieron a Cataluña: Reus el día 22 de julio, Barcelona a partir del 25,
Tarragona, Mataró, Sabadell… La insurrección se propagó pronto por toda la zona
de levante afectando los desórdenes a Murcia y Valencia.
Todos estos motines tuvieron unas
características muy similares. Los amotinados no se conformaban ya con la caída
del Gobierno o la tramitación de las peticiones presentadas en el Estamento de
Procuradores. En su lugar, exigían una completa transformación del sistema político con la
reinstauración de la Constitución de Cádiz o la aprobación de una nueva
constitución.
Otra característica común es que
las masas tomaron el control de las calles cometiendo todo tipo de desmanes:
quema de conventos, asesinato de religiosos, saqueos de domicilios
particulares, destrucción de fábricas, etc. Detrás de esta extrema violencia popular existían
variadas motivaciones cuyas causas, más profundas, trascendían al malestar generado por las políticas del Gobierno.
En el caso de los ataques a las
fábricas se advierte una componente de protesta obrera en los motines. Consideraban
que la nueva maquinaria propulsada a vapor sustituía la fuerza de trabajo de
una gran cantidad de hombres, dejando sin trabajo a multitud de obreros.
La violencia contra la Iglesia era
fruto de un arraigado anticlericalismo de buena parte de la sociedad española.
Desde hacía siglos, y especialmente desde la Ilustración, se había asentado una
corriente de opinión crítica contra la Iglesia. Las conductas poco edificantes
de muchos religiosos, la acumulación de riqueza, el cobro del diezmo a los
campesinos y otros muchos privilegios socavaban el prestigio de la institución.
Las órdenes religiosas eran especialmente cuestionadas ya que se consideraba
que no aportaban nada a la sociedad al mismo tiempo que eran grandes
acaparadoras de propiedades y bienes de todo tipo. Estos reproches de tipo
moral se convirtieron en un enfrentamiento político con el liberalismo por los
posicionamientos defendidos por la Iglesia durante el primer tercio del siglo
XIX. En las Cortes de Cádiz y durante el posterior reinado de Fernando VII una
parte considerable de la Iglesia se alineó con los absolutistas cerrándose a
cualquier reforma liberal que erosionase su posición dominante en la sociedad
española. El carlismo también contó con el apoyo de buena parte de la jerarquía
católica, al mismo tiempo que muchos curas y frailes engrosaron las filas de
las guerrillas. Este sería el sustrato que provocó que las revueltas
progresistas del año 1835 tuvieran una fuerte componente anticlerical. Esta violencia ejercida contra la Iglesia fue
una constante en la historia de España durante los siguientes 100 años hasta la
Guerra Civil (1936-1939). Durante este periodo el anticlericalismo más violento
afloró en todos los procesos revolucionarios con el asesinato de religiosos y
la destrucción de templos.
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| Linchamiento de un monje por un grupo de mujeres durante los motines anticlericales de 1835[2]. |
En general, las autoridades
fueron incapaces de hacer frente a los violentos ya que las tropas militares y las milicias urbanas mostraban afinidad con los revolucionarios. Las autoridades no
podían emplearlas para mantener el orden ya que corrían el riesgo de que se unieran a los insurrectos emporando aún más la situación. Algunos mandos que mostraron más
voluntad de combatir a los amotinados fueron directamente asesinados. Quizá el
caso más relevante fue el del general Bassa, gobernador militar de Barcelona.
El 5 de agosto los revolucionarios asaltaron su residencia, matándole de varios
disparos. Posteriormente, arrojaron su cadáver desde un balcón,
arrastrándolo por las calles de la ciudad y finalmente quemándolo en mitad de
una macabra celebración.
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| Asesinato del general Bassa en el mes de agosto de 1835 en Barcelona. |
Tras unos días iniciales de intensa violencia, se recuperaba cierta normalidad con la creación de juntas que asumían el poder local. Estas juntas ordenaban el proceso revolucionario encauzando las protestas con reivindicaciones políticas concretas: aprobación de una constitución, extinción del clero regular, reforma del secular, nueva ley electoral, separación de los empleados públicos afines al carlismo, restablecimiento de las diputaciones provinciales, etc. Adicionalmente, las diferentes juntas locales se agrupaban y coordinaban creando juntas regionales como fue el caso de Cataluña, Aragón, Valencia, etc.
Durante el mes agosto la revolución se extendió desde las provincias levantinas a Madrid, aunque en esta ciudad las autoridades consiguieron reducir a los insurrectos. A finales de mes, prácticamente toda Andalucía se unió a la revolución formando juntas que asumieron el poder. A principios de septiembre, la sublevación se extendió de forma exitosa por Galicia, Badajoz y Palma de Mallorca, ante la impotencia del Gobierno del conde de Toreno, que veía como sus disposiciones eran ignoradas mientras el ejército confraternizaba con los revolucionarios. Es precisamente en este momento de la historia, durante el mes de setiembre y octubre de 1835, cuando la provincia de Ciudad Real, y concretamente Manzanares, desempeñará un papel protagonista en la política española.
El homenaje a la bandera del regimiento Imperial Alejandro en Manzanares
Antes de continuar con la narración, veamos como la provincia de Ciudad Real había permanecido al margen del movimiento revolucionario que se estaba desarrollando por toda España. Como demuestran los resultados electorales de junio de 1834 y la presencia constante de las guerrillas, la mayor parte de la provincia era afín al partido moderado o directamente simpatizante del carlismo. Era difícil que en este ambiente ideológico la provincia participase en revoluciones de carácter progresista.
En el verano de 1835 la excepción fue Manzanares, en la que, sin llegarse a producirse motines o disturbios, hubo un acto de clara simpatía progresista. El día 26 de julio se produjo un acto de reafirmación liberal con el homenaje a una bandera que había pertenecido al regimiento Imperial Alejandro en el año 1820[3]. Este regimiento fue fundamental para el triunfo del alzamiento del coronel Riego que dio inicio al Trienio Liberal. Cuando Riego, abandonado por la mayor parte de sus tropas, estaba a punto de fracasar, los soldados del regimiento Imperial Alejandro se pronunciaron en Ocaña el 5 de marzo de 1820. Este pronunciamiento fue decisivo para que el movimiento revolucionario comenzará a propagarse por todo el país y triunfase la revolución. En el mismo año 1820, a su paso por Manzanares, el regimiento Imperial Alejandro intercambió una bandera con los Voluntarios Nacionales de Manzanares. Finalizado el Trienio, las nuevas autoridades absolutistas intentaron confiscar la bandera, pero no pudieron lograrlo ya que un decidido liberal manzanareño la mantuvo escondida durante más de una década. En el verano de 1835, en un ambiente revolucionario en toda España, homenajear a la bandera del regimiento que tanto contribuyó al triunfo del sublevado coronel Riego era toda una declaración de intenciones y un apoyo, más o menos explícito, a los amotinados progresistas.
El homenaje tuvo que ser todo un acontecimiento en Manzanares. El acto empezó con la salida de la bandera de la casa del manzanareño que la había preservado durante tantos años, siendo escoltada por la compañía más selecta de la milicia urbana de la localidad, la compañía de granaderos. Desfilaron solemnemente hasta la plaza, en donde aguardaba el resto del batallón de la milicia manzanareña, estando al frente su comandante Ángel Ortega. A continuación, entraron en la iglesia colocando la bandera al lado del altar mayor en presencia del alcalde, concejales, oficiales de la milicia y otras autoridades. El acto culminó con la celebración de una solemne misa amenizada por la banda de música de la milicia urbana.
La revolución en Manzanares
Durante el mes de agosto y principios de septiembre no tenemos constancia de alteraciones en la provincia de Ciudad Real. El propio gobernador civil, Andrés Rubiano, publicaba con orgullo el 6 de septiembre que “la tranquilidad no ha sido perturbada en ningún punto de esta provincia”, que “me alienta la grata confianza de que la íntima adhesión de los honrados manchegos al Trono legítimo, no será jamás mancillada por ningún género de escisión y desorden”[4]. Sin embargo, a los pocos días la situación cambiaría radicalmente a consecuencia de las acciones combinadas del Gobierno y de los revolucionarios andaluces.
Desde sus inicios las juntas que iban surgiendo en las diferentes capitales andaluzas empezaron a reclutar voluntarios y asegurarse la obediencia de las unidades militares con el objetivo de crear un Ejército Andaluz con el que asegurar al triunfo de la revolución[5]. Esta componente militar de las juntas andaluzas se vio potenciada por las decisiones del Gobierno del conde de Toreno.
En un intento desesperado de cortar de raíz la pujanza del movimiento revolucionario que se extendía por toda España se aprobó un duro decreto el 2 de septiembre, firmado por la reina regente, en el que se declaraban “ilegales las juntas usurpadoras de la autoridad real” y se comisionaba al Gobierno para “reprimir vigorosamente” a los amotinados[6]. Consecuencia directa de este real decreto fue la decisión por parte del Gobierno de enviar hacia Andalucía al mariscal de campo Latre, nombrado capitán general de los reinos de Granada y Jaén, con un contingente de 2.500 soldados para restaurar el orden público. El día 9 de septiembre salieron las tropas de Latre desde Madrid en dirección a Andalucía[7]. Este paso dado por el Gobierno corría el riesgo de desencadenar un conflicto armado entre moderados y progresistas, al mismo tiempo que seguía en curso la guerra contra el carlismo. El reciente régimen liberal español, encarnado en la regencia de María Cristina, difícilmente podría perdurar si se desataba una segunda guerra civil entre moderados y progresistas.
Las juntas andaluzas no sólo no se amilanaron ante el envite gubernamental, sino que además tomaron enérgicas medidas para organizar el Ejército de Andalucía y hacer frente a las tropas de Latre. La Junta de Granada, con fecha 7 de septiembre, envió a todas sus tropas disponibles hacia Despeñaperros. La Junta de Sevilla, dos días después y coincidiendo con la salida de las tropas de Latre de Madrid, propuso que el Ejército de Andalucía estuviese formado por al menos 16.000 hombres (14.500 de infantería y 1.500 caballería) con 7 baterías de artillería. Solicitaba además que todas las fuerzas se congregasen en Andújar y que en esta ciudad se formase una Junta Suprema de Andalucía responsable de armar y dirigir al ejército. La Junta de Jaén proclamó de forma entusiasta su apoyo a la propuesta sevillana el 14 de septiembre[8]. De esta forma, al mismo tiempo que las tropas de Latre avanzaban hacia el sur, el Ejército de Andalucía, formado por unidades regulares del ejército y milicias de urbanos y voluntarios, empezó a congregase en la provincia de Jaén.
Las tropas de Latre llegaron a Manzanares el día 14 de septiembre y fiel a sus órdenes de acabar con los sublevados detuvo a los manzanareños más identificados con los progresistas y los desterró a la capital provincial. Ese mismo día, a las tres de la tarde, llegó a Manzanares una comisión de los sublevados andaluces formada por el alcalde mayor de Arjona, capitán de Urbanos, y dos soldados del regimiento de caballería 4º ligeros. La situación no era nada favorable para las tropas gubernamentales ya que en Manzanares circulaba el rumor de que las juntas andaluzas ya habían conseguido reunir en Despeñaperros un contingente de 6.000 hombres apoyados por 7 piezas de artillería, frente a los 2.500 soldados que comandaba Latre. A pesar de esta notable inferioridad numérica, Latre no sólo se negó a conferenciar con la comisión, sino que, además, de forma inmediata, los desarmó y apresó[9].
Estos hechos ocurridos en Manzanares coincidieron con la caída del gobierno del conde de Toreno en Madrid ese mismo día 14 y la llegada al poder del progresista Mendizábal. En el mes de junio, cuando fue nombrado ministro de Hacienda, Mendizábal se encontraba en Londres. Antes de volver a España inició una larga gira por Francia y Portugal para arreglar asuntos de negocios y obtener el apoyo de los gobiernos de ambos países a la causa liberal. Por estos motivos, Mendizábal no regresó a España hasta principios de septiembre de 1835. La situación del país era tan desesperada que la regente María Cristina, a pesar de su cercanía ideológica con los moderados, no tuvo más opción que entregarle la jefatura del Gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal el 14 de septiembre de 1835. Este nombramiento era sin duda un gran triunfo para el movimiento revolucionario, pero las Juntas, lejos de disolverse y darle una oportunidad al nuevo Gobierno, se mantuvieron constituidas, reteniendo el poder efectivo en buena parte del país, a la expectativa de comprobar el rumbo que fuera a tomar el nuevo presidente Mendizábal.
Sin conocer seguramente esta noticia, la división de Latre salió de Manzanares en dirección sur al encuentro de las fuerzas sublevadas, con el firme propósito de cumplir unas órdenes que tras el cambio de Gobierno no tenían ya sentido alguno. Cuando las noticias del avance de Latre llegaron a Madrid, la prensa pidió al nuevo Gobierno que, de forma inmediata, anulasen las órdenes de Latre para evitar un enfrentamiento completamente innecesario y de consecuencias imprevisibles con las fuerzas reunidas por las juntas andaluzas[10].
Por su parte la vanguardia del Ejército de Andalucía había avanzado hasta Venta de Cárdenas, ya en la provincia de Ciudad Real. Estaba comandada por el coronel Carlos Villapadierna, del regimiento de caballería 4º de Ligeros, pero el liderazgo político lo ejercía Luis Antonio Pizarro Ramírez, conde de las Navas, que había sido uno de los principales líderes progresistas en el Estamento de Procuradores y azote del Gobierno durante toda la legislatura.
Con las tropas de Latre en Santa Cruz de Mudela y el Ejército Andaluz en Venta de Cárdenas, a menos de 30 kilómetros de distancia, el choque militar parecía inevitable. Los andaluces intentaron una última mediación y solicitaron el día 16 de septiembre que al día siguiente se celebrase una reunión en Almuradiel, población a medio camino entre Santa Cruz de Mudela y Venta de Cárdenas. Latre accedió al encuentro que tuvo lugar el 17 de septiembre con el coronel Carlos Villapadierna y con el conde las Navas. Desafortunadamente, la reunión terminó sin llegar a ningún acuerdo por lo que todo apuntaba que sería la fuerza de las armas la que decantaría la situación[11]. Sorprende el empeño de Latre en continuar con su misión cuando ya se había producido la caída del conde Toreno y la llegada al poder de Mendizábal. Una posible explicación es que todavía no hubiese llegado a Santa Cruz de Mudela la noticia del cambio ministerial.
En la noche del 17 al 18 de septiembre, un hecho imprevisto alteró toda la situación y evitó el enfrentamiento armado. La mayor parte de las tropas de Latre se sublevaron en la plaza de Santa Cruz de Mudela dando vivas a la Constitución, a la libertad y a Isabel II. Sólo un escuadrón de granaderos, parte de los artilleros y algunos oficiales continuaron a las órdenes de Latre, por lo que éste, totalmente desautorizado, optó por salir precipitadamente en mitad de la noche en dirección a Madrid.
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| Salida hacia Madrid del general Latre, después de que sus tropas se uniesen a los insurrectos en Santa Cruz de Mudela[12]. |
El coronel Villapadierna, acompañado por el conde de Navas, aprovechó la situación y rápidamente se puso en movimiento hacia Santa Cruz de Mudela al frente de sus fuerzas caballería, llegando a las 7 de la mañana, y asumiendo el mando de las tropas sublevadas[13]. Al día siguiente, el 19 de septiembre, la situación de los revolucionarios se consolidó ya que más tropas procedentes de Andalucía llegaron a Santa Cruz de Mudela: otros 2.500 hombres del regimiento de infantería del Rey, del regimiento provincial de Murcia y batallones de urbanos del reino de Jaén. En los siguientes días estaba prevista también la llegada de las fuerzas enviadas desde Cádiz y Sevilla. Ante tal aglomeración de tropas, el Ejército Andaluz empezó avanzar hacia el norte. En la prensa se rumorea que su intención era llegar hasta Ocaña, aunque finalmente sólo avanzaron hasta Manzanares donde establecieron su cuartel general[14].
Tras la llegada al poder de Mendizábal, la huida de Latre y con las tropas andaluzas inundando toda Ciudad Real, las autoridades locales y provinciales, que hasta hace unos días se vanagloriaban de su adhesión al Gobierno, de forma oportunista, empezaron a formar juntas revolucionarias. A partir del 19 de septiembre, la capital provincial, Almagro, Torralba, Carrión, Calzada de Calatrava… se pronuncian en favor de la Constitución[15]. Hasta el gobernador civil, Andrés Rubiano, que apenas dos semanas antes destacaba la fidelidad de la provincia al Gobierno de Toreno, publicó un escrito en favor de las peticiones de las juntas y en el que se disculpaba por no haberse sumado antes al movimiento revolucionario, alegando que en las semanas anteriores toda su atención había estado volcada en la lucha contra los carlistas[16].
Como vemos en el caso de Ciudad Real, el nombramiento de Mendizábal como presidente del gobierno no desactivó a las juntas, sino que éstas se mantuvieron en activo y exigieron al nuevo Gobierno reformas inmediatas, siendo la principal de ellas la convocatoria de Cortes Constituyentes, cuyo objetivo debía ser la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Mendizábal tenía que llegar a una situación de compromiso que permitiese contentar a las juntas y conseguir su disolución, al mismo tiempo que debía afrontar los problemas más graves que atravesaba al país como la guerra contra el carlismo y la situación financiera del Estado. Todo ello sin llegar a un enfrentamiento directo con la regente o con los moderados, que, aunque fuera del gobierno, seguían siendo una fuerza política fundamental para mantener la estabilidad del bando liberal.
En sus primeras semanas de Gobierno, uno de los mayores quebraderos de Mendizábal fue, sin lugar a dudas, la Junta Superior de Andalucía, ya que fue la más beligerante y una de las últimas en disolverse. Pero más que la Junta en sí, el mayor problema para Mendizábal era el Ejército de Andalucía establecido en Manzanares. A todos los efectos era un ejército amotinado que seguía sin acatar la autoridad del Gobierno. Aunque el ejército dependía de la Junta Superior de Andalucía, en la práctica su liderazgo lo ejercía desde Manzanares el conde de las Navas. Su ubicación a pocos días de marcha de Madrid era la principal amenaza para la consolidación y continuidad del nuevo Gobierno. Entre las tropas del conde de las Navas y la capital tan sólo se interponía un escuadrón de granaderos de la Guardia ubicado en Valdemoro, fuerzas a todas luces insuficientes para parar a los amotinados en caso de que quisieran marchar hacia Madrid[17]. Por ello, durante las siguientes semanas, Manzanares fue el foco principal de atención de la política nacional y centro de complejas negociaciones cuyo objetivo principal era devolver a la obediencia a las tropas amotinadas.
La complejidad y criticidad de las negociaciones se ponen de manifiesto por el hecho que desde el 21 de septiembre y durante el mes de octubre la prensa publicó numerosas noticias sobre los continuos viajes entre Madrid y Manzanares de relevantes representantes del Gobierno: Rodrigo Aranda Salazar, conde de Humanes y procurador por la provincia de Jaén[18]; Miguel Chacón Durán, procurador por la provincia de Almería[19]; el diplomático Manuel María de Aguilar Puerta[20]; el secretario particular de Mendizábal, de apellido Schneider[21]; el brigadier Narciso López, comandante general de Ciudad Real[22]. La elección de los negociadores por parte del Gobierno pone de manifiesto el papel preponderante del conde de Navas, ya que Rodrigo Aranda era pariente suyo y Miguel Chacón y Manuel María Aguilar amigos personales. El Gobierno intentaba influir en el conde de las Navas enviando a personas de su total confianza. Otro factor que confirma que el peso de toda la negociación se llevaba desde Manzanares es una noticia en la que se puede inferir que las juntas andaluzas desconocían los detalles de las conversaciones, ya que reclamaban al conde de las Navas “que les trasladen las comunicaciones que haya con el gobierno, pues a ellas toca en representación de las provincias resolver lo que sea conveniente al procomunal”[23].
No sólo se acercaban a Manzanares los enviados gubernamentales, también hay noticias sobre la visita del famoso periodista y escritor José de Espronceda, que quería conocer de primera mano el estado de las negociaciones y persuadir al conde de las Navas para que depusiera su actitud hostil al Gobierno. La estancia de Espronceda en Manzanares provocó un gran revuelo ya que en la prensa se afirmó que Antonio Bernabéu, compañero de Espronceda, había estado a punto de ser fusilado por el conde las Navas y que ambos eran enviados de Mendizábal[24]. Espronceda y Bernabéu tuvieron que desmentir estas noticias con una carta enviada a la prensa en la que afirmaron que no habían actuado en nombre del Gobierno y que tampoco habían corrido riesgo de ser fusilados. Aunque de opinión contraria al conde de las Navas, habían tenido una acogida favorable y atenta durante su estancia en Manzanares[25].
Otro huésped en Manzanares del conde de las Navas durante estas semanas fue el general Antonio Quiroga, héroe junto a Riego de la sublevación liberal de 1820. Nombrado nuevo capitán general de Granada por el gobierno de Mendizábal fue supuestamente detenido, según la prensa, a su paso por Manzanares a finales de este mes cuando marchaba a ocupar su nuevo puesto[26]. Sin embargo, como puede concluirse de un escrito del propio Quiroga fechado en Manzanares el 11 de octubre, permaneció en la localidad por voluntad propia, apoyando de forma implícita con su presencia a los sublevados[27].
Sobre el contenido de las intensas negociaciones entre el Gobierno y el conde de las Navas hay poca información, aunque se conocen las principales demandas trasladadas por los insurrectos: la ratificación por el Gobierno de todas las resoluciones aprobadas por las juntas, el acceso para los sublevados a cargos en la administración, la eliminación de las partidas carlistas de La Mancha, la detención del conde de Toreno y la convocatoria de Cortes Constituyentes[28]. Esta última demanda era la más importante, siendo además compartida por la mayor parte de las juntas establecidas en todo el territorio nacional. Es más, en general, las juntas vinculaban su disolución al momento en que se realizara esta convocatoria de Cortes. El propio conde de las Navas insistió en dos manifiestos, el primero firmado el 20 de septiembre en Santa Cruz de Mudela y el segundo el 27 de septiembre en Manzanares, sobre este mismo argumento, sobre la necesidad de la aprobación de una nueva constitución como base del reinado de Isabel II. Desafortunadamente no hemos conseguido el texto íntegro de estos escritos que, en el caso de Manzanares, es un procedente histórico del famoso manifiesto que en esta misma población firmó en 1854 el general O’Donnell[29].
Mendizábal maniobró hábilmente frente a estas peticiones tomando una seria de decisiones que colmaron en buena medida las expectativas de las juntas. En primer lugar, ofreció una salida política a los junteros. Con un decreto del 21 de septiembre recuperó las diputaciones provinciales, ya contempladas en la Constitución de 1812, y ofreció a las juntas revolucionarias la posibilidad de integrarse en esta nueva institución. Además, concedió un perdón general por todos los sucesos ocurridos durante el proceso revolucionario, lo que era especialmente importante para posibilitar la vuelta a la legalidad de muchos de los insurrectos. Nombró para importantes cargos a personas que habían jugado un papel muy relevante en las revueltas. Álvaro Gómez Becerra, vocal de la Junta de Zaragoza, fue nombrado ministro de Gracia y Justicia. El conde de Almodóvar, presidente de la Junta de Valencia, pasó a ocupar el cargo de ministro de la Guerra.
El colofón a todas estas medidas tuvo lugar el 28 de septiembre con la convocatoria de unas nuevas Cortes que, sin llegar a denominarse constituyentes, debían tener como objetivo principal reformar el Estatuto Real. Esta convocatoria se hacía sin fecha fija y se establecía como condición previa la reforma del sistema electoral. Mendizábal quería ampliar el derecho al voto a capas más amplias de la sociedad, esperando conseguir con esto una victoria de los progresistas en las elecciones que debían elegir a las nuevas Cortes. Para poder aprobar esta reforma de la ley electoral y para tomar medidas urgentes que la crítica situación del país requería se convocaron para el 16 de noviembre, de forma transitoria, a las Cortes vigentes resultado de las elecciones de junio de 1834.
Con esta enrevesada decisión, Mendizábal se acercaba a la petición principal de las juntas de convocar Cortes Constituyentes sin enfrentarse de forma directa a la regente y los moderados, ya que, de forma inmediata, las únicas Cortes que iban a funcionar eran las del año 1834 en las que los moderados tenían mayoría. Tan arriesgada maniobra se vio coronada con el éxito ya que durante el mes de octubre las juntas revolucionarias que aún persistían acordaron su disolución.
El propio conde de las Navas cedió finalmente y el día 10 de octubre llegó a Madrid con el compromiso de que el Ejército de Andalucía, que seguía acuartelado en Manzanares, saldría en breve en dirección a Aragón a combatir a los carlistas[30]. La Junta Suprema de Andalucía negoció entre el 12 y el 15 de octubre en Madrid su disolución. Tras los acuerdos cerrados el día 15, los representantes de la Junta regresaron a Andújar, haciendo parada en Manzanares, para confirmar a los mandos del ejército que debían ponerse a las órdenes del Gobierno y marchar al punto que éste estableciese[31]. Finalmente, la Junta Suprema de Andalucía se disolvió el día 19 de octubre.
Aún pasaron unos días hasta que se hizo efectiva la marcha del Ejército de Andalucía de Manzanares. Podemos imaginar el tremendo esfuerzo que debió suponer para la localidad abastecer durante tantas semanas a un ejército formado por miles de hombres, las molestias que tuvo que suponer para los vecinos alojar a esta enorme cantidad de soldados y convivir con ellos durante tan largo periodo. Los efectos de esta ocupación afectaron también a las poblaciones cercanas. Los militares enviaron destacamentos a Membrilla, La Solana, Moral de Calatrava, Daimiel, Valdepeñas y Torrenueva para requisar comida, pertrechos y dinero pertenecientes a las encomiendas[32]. Afortunadamente, con el transcurso de los días la presión sobre los menguados recursos de la zona tuvo que disminuir porque las milicias de voluntarios andaluces empezaron a regresar a sus zonas de origen. En los momentos postreros de la presencia de las tropas en Manzanares, las fuerzas habían quedado reducidas a cinco batallones de unidades regulares del ejército[33].
La salida definitiva del Ejército de Andalucía de Manzanares en dirección al frente en Aragón no se produjo finalmente hasta el mañana del 24 de octubre, para gran alivio del Gobierno que veía así por fin desactivado el peligro que suponía para su propia supervivencia la presencia de un ejército sublevado a pocos días de marcha de Madrid[34]. Mendizábal podía al fin continuar con su acción de gobierno libre de semejante amenaza y poner en marcha importantes y transformadoras reformas de la sociedad española.
Miguel Ángel Maeso Buenasmañanas, septiembre 2023
[1] Panorama español. Crónica contemporánea, tomo III¸ Madrid 1845, página 31.
[2] Panorama español. Crónica contemporánea, tomo III¸ Madrid 1845, página 49.
[3] El Eco del Comercio del 8 de agosto de 1835.
[4] Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 6 de septiembre de 1835.
[5] En fecha tan temprana como el 30 y 31 de agosto la Junta de Jaén comenzó el reclutamiento de voluntarios y nombró al coronel Carlos Villapadierna, del regimiento de caballería 4º de Ligeros, comandante general de la Vanguardia del Ejército de Andalucía. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del 2 de septiembre de 1835.
[6] La Gaceta del 4 de septiembre de 1835.
[7] La Abeja del 7 y 10 de septiembre de 1835.
[8] Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del 16 de septiembre de 1835.
[9] La Revista Española del 17 de septiembre de 1835.
[10] La Revista Española del 18 de septiembre de 1835
[11] Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del 19 y 23 de septiembre de 1835.
[12] Panorama español. Crónica contemporánea, tomo III, Madrid 1845, página 72.
[13] Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 20 de septiembre de 1835 y El Eco del Comercio del 24 de septiembre de 1835.
[14] El Eco del Comercio del 24 de septiembre de 1835.
[15] El Eco del Comercio del 24 de septiembre de 1835.
[16] Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 20 de septiembre de 1835.
[17] La Revista Española del 5 de octubre de 1835.
[18] La Revista Española del 21 y 23 de septiembre de 1835.
[19] La Abeja del 23 de septiembre de 1835
[20] El Eco del Comercio del 24 de septiembre de 1835.
[21] La Revista Española del 26 de septiembre de 1835.
[22] La Revista Española del 26 de septiembre de 1835, El Eco del Comercio del 27 de septiembre de 1835 y La Revista Española del 2 de octubre de 1835
[23] La Revista Española del 29 de septiembre de 1835.
[24] La Abeja del 4 de octubre de 1835 y La Revista Española del 5 de octubre de 1835.
[25] La Revista Española del 5 de octubre de 1835.
[26] El Eco del Comercio del 15 de octubre de 1835.
[27] El Eco del Comercio del 18 de octubre de 1835.
[28] (FERNÁNDEZ BAUTISTA: 2017).
[29] Se hace referencia a los manifiestos del conde las Navas de Manzanares y Santa Cruz de Mudela en el Diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia. https://dbe.rah.es/biografias/58973/luis-antonio-pizarro-y-ramirez. Fecha de acceso 29/08/2023.
[30] La Revista Española del 10, 11 y 13 de octubre de 1835 y El Eco del Comercio del 13 de octubre de 1835.
[31] (CHAMOCHO CANTUDO: 2017) y (FERNÁNDEZ BAUTISTA: 2017).
[32] La Revista Española del 12 de octubre de 1835 y El Eco del Comercio del 6 de noviembre de 1835.
[33] (FERNÁNDEZ BAUTISTA: 2017).
[34] La Revista Española del 26 de octubre de 1835.
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