El
lanzamiento del proyecto y el inicio de las obras
La iniciativa para construir un nuevo edificio para el Ayuntamiento correspondió a la alcaldía del conservador Jesús García-Noblejas Quevedo. En 1920 solicitó al arquitecto de la Diputación Provincial, Telmo Sánchez, que elaborase los planos, el presupuesto detallado y el pliego de condiciones para sacar a subasta la construcción del nuevo edificio [1].
El nuevo palacio municipal se
construiría en el lugar que ocupaba el teatro Calderón, en la actual plaza de
la Constitución, contiguo al edificio que por aquella época ocupaba el
Ayuntamiento. El antiguo edificio del Ayuntamiento se utilizó posteriormente durante
muchos años como biblioteca municipal.
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| A la izquierda de la fotografía se encuentra el antiguo edificio del Ayuntamiento de Manzanares. A la derecha se pueden apreciar los edificaciones que había con anterioridad a la construcción del nuevo palacio municipal. |
El presupuesto elaborado por el arquitecto, el 31 de
julio de 1920, ascendió a 208.700,81 pesetas que se repartían en los siguientes
conceptos[2]:
Ejecución material de la obra: 172.837,12
pesetas
Imprevistos e intereses del capital (15%): 25.925,56 pesetas
Honorarios del arquitecto (5%): 9.938,13 pesetas
Total 208.700,81
pesetas
El proyecto quedó parado durante
cinco años y no sería hasta la alcaldía de Agustín Serrano González cuando se
retomase la idea, aprobando la construcción del nuevo palacio municipal el 10
de septiembre de 1925 y sacando a subasta las obras el 2 de octubre de ese
mismo año[3].
Las condiciones de la subasta[4]
establecían un precio de salida de 208.700,81 pesetas, el mismo precio que
había calculado cinco años antes el arquitecto. El pago de la obra se
realizaría en cinco anualidades, en la primera de las cuáles se pagarían 25.000
pesetas en metálico y los materiales del derribo del teatro Calderón que se
valoraron en 10.000 pesetas. El resto se pagaría en partes iguales durante
cuatro años. El contratista tendría derecho a recibir un 6% de los plazos que
quedasen pendientes por pagar en el momento de producirse la recepción
provisional de las obras.
Según el pliego inicial elaborado
por Telmo Sánchez en 1920[5], el
plazo de ejecución de las obras se establecía en 15 meses a partir de la fecha
de adjudicación de la subasta y el plazo de garantía sería de 18 meses a partir
de la fecha de recepción provisional.
Los participantes en la subasta
debían depositar un 5% del precio de salida en la caja municipal y, una vez
celebrada, el ganador debía depositar un 10% del precio de adjudicación “para
responder del cumplimiento del contrato”. El Ayuntamiento devolvería ese dinero
en el momento de la recepción definitiva de las obras, una vez finalizado el
plazo de garantía.
Las condiciones de pago exigían
que el contratista financiase a su cuenta la práctica totalidad de las obras.
En condiciones ideales, si las obras realmente se hicieran en 15 meses, en el
momento de la recepción provisional de las obras, el contratista habría tenido
que pagar el 10% de fianza, más el 100% de la obra realizada lo que supondría
unas 230.000 pesetas mientras el
Ayuntamiento sólo le habría pagado unas 45.000 pesetas (el primer plazo de
35.000 y algo más de 10.000 correspondiente al 6% de los pagos pendientes) lo
que implicaría un adelanto por parte del contratista de nada menos que unas
185.000 pesetas. Si actualizamos esta cantidad con la inflación equivaldrían a 372.293,17
euros de 2017, es decir, casi 62 millones de pesetas[6].
La subasta quedó fijada para el 4
de noviembre de 1925 pero quedó desierta por falta de licitadores, lo que no es
sorprendente con las duras condiciones de pago, así que el Ayuntamiento convocó
una nueva subasta para el 11 de diciembre con las mismas condiciones que la
anterior, excepto que se bajaba a 6.000 pesetas la valoración de los materiales
del derribo del teatro Calderón[7].
En esta segunda subasta el
adjudicatario fue Alfonso Pedrero Peña
por el precio de salida sin hacer ninguna rebaja sobre el mismo. Alfonso Pedrero Peña era el principal constructor de la época en Manzanares y tenía amplia experiencia en proyectos de gran envergadura. Había participado como maestro de obras en la construcción del Círculo Católico (1909 -1911) y del Gran Teatro (1910 - 1911), había sido el contratista en la construcción del cementerio municipal (1912), del Gran Casino (1917) y, posteriormente, también fue el contratista de los albergues de carreteras de Manzanares (1929 - 1931), Almazán (1929 - 1933) y Aranda de Duero (1930 - 1935) construidos por iniciativa del Patronato Nacional de Turismo y que pasado el tiempo se convertirían en Paradores de Turismo.
Los trabajos empezaron en marzo de 1926 y avanzaron con normalidad excepto algunos problemas que se fueron subsanando sobre la marcha, el desplome de un tabicón de la galería alta o el arco grande que se abrió y hubo que realizarlo de nuevo desde su cimiento por haber utilizado un cemento inadecuado.
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| Alfonso Pedrero Peña |
Los trabajos empezaron en marzo de 1926 y avanzaron con normalidad excepto algunos problemas que se fueron subsanando sobre la marcha, el desplome de un tabicón de la galería alta o el arco grande que se abrió y hubo que realizarlo de nuevo desde su cimiento por haber utilizado un cemento inadecuado.
El arquitecto Telmo Sánchez
realizó el 31 de mayo de 1926 una primera liquidación provisional, con la que se
medía el avance de la obra, por importe de 18.535,12 pesetas. En este periodo
se derribó el teatro y se empezó a construir el sótano del nuevo palacio
municipal. Esta liquidación representaba un avance de las obras de casi un 9%
en algo menos de tres meses de trabajo. La segunda liquidación provisional se
hizo el 18 de noviembre de 1926, ascendiendo las obras realizadas a un importe de
99.605,21 pesetas. Esto representaba un avance de las obras cercano al 48% en
siete meses de trabajo y era acorde con el objetivo de terminar las obras en 15
meses.
Primera liquidación de
las obras realizadas por el arquitecto
Telmo Sánchez el 31 de mayo de 1926
Telmo Sánchez el 31 de mayo de 1926
Los problemas políticos
El 23 de julio de 1927, el
Gobernador Civil de la provincia de Ciudad Real, Gonzalo del Castillo, ordenó
el cese de toda la corporación municipal de Manzanares, incluyendo al alcalde
Agustín Serrano, y nombró como nuevo alcalde a Enrique Ochoa Quesada. Este
cambio en el Ayuntamiento tuvo muchas repercusiones sobre la construcción del
nuevo palacio municipal y le provocó grandes problemas al contratista Alfonso Pedrero Peña.
El motivo del cese fulminante fue
el intento de compra por parte del Ayuntamiento de la sociedad “Aguas Potables
y Alcantarillado de Manzanares”[8]. Esta
sociedad se constituyó en 1918 por inversores privados, la mayor parte vecinos
de la localidad, con el objetivo de llevar hasta Manzanares el agua extraída
del paraje denominado “Los Romeros”, situado a 18 kilómetros, y de construir por
las principales calles una red de tuberías y de alcantarillado para distribuir
el agua potable y para la evacuación de las aguas residuales.
Hasta entonces, los vecinos de
Manzanares obtenían el agua de pozos construidos en sus propias casas y del
manantial de Siles, que se había canalizado hasta las afueras de Manzanares y
era repartido de casa en casa por los aguadores en carros cuba. La empresa que
distribuía el agua de Siles era propiedad de Manuel González de Jonte, que
tendrá un papel destacado en esta historia.
El agua obtenida por estos medios
era insuficiente, sobre todo en años de sequía, y la ausencia de alcantarillado
provocaba muchos problemas sanitarios. Los vecinos evacuaban en pozos negros
las aguas residuales y para eliminar las aguas estancadas en las calles se
habían excavado varias simas para facilitar su filtración. En la esquina de calle
Anega con la calle Candelaria existía una conocida con el nombre de sima del
polaco porque durante la Guerra de Independencia un soldado de esta nacionalidad,
perteneciente al ejército francés, apareció asesinado en dicha sima. Esta forma
de evacuar las aguas a través de simas y pozos negros provocaba que se
produjesen filtraciones de aguas residuales en los pozos utilizados por los
vecinos para obtener agua para beber, ocasionando muchos problemas de salud
pública.
Según la memoria de la empresa
“Aguas Potables y Alcantarillado de Manzanares” del año 1925, publicada el 7 de
marzo de 1926, había conseguido llevar el agua hasta Manzanares y había
construido 5.500 metros de alcantarillado y 4.300 metros de tuberías para la distribución
de agua potable en calles en las que había 300 edificios con 400 vecinos. Para
realizar esta obra había invertido 1.250.000 pesetas, de las que 300.000
correspondían a obligaciones emitidas por la empresa con un interés del 6%.
Estimaban que para terminar las obras, y debido a que los fondos aportados por
los accionistas estaban agotados, necesitaban pedir otras 400.000 pesetas a
crédito.
Por la parte de los ingresos, la
situación tampoco era muy positiva ya que, sorprendentemente desde el punto de
vista actual en el que sería inimaginable vivir sin agua corriente, la mayoría
de los vecinos a cuyas casas llegaban las tuberías y alcantarillado no se
hacían clientes del nuevo servicio de aguas y preferían seguir utilizando sus
pozos. Sólo 110 de los 400 vecinos que tenían acceso a la red optaron por
contratar el servicio de agua. Los ingresos del año 1925 no llegaban a cubrir
los intereses de las obligaciones ni los gastos de administración de la
empresa.
En la memoria del año 1926,
publicada el 15 de marzo de 1927, ante la crítica situación económica de la
compañía, se planteaba ceder la propiedad de la empresa al Ayuntamiento “siempre
que los intereses de los accionistas queden garantizados al llevarse al
efecto la municipalización”.
Hasta ahora nos encontramos con
una situación normal en todas las épocas, una empresa privada con dificultades
económicas que busca su salvación pidiendo la intervención de las instituciones
públicas. El Ayuntamiento organizó un acto en el Gran Teatro para debatir
públicamente la compra de la empresa y solicitó un estudio jurídico externo.
Finalmente, el Ayuntamiento respondió positivamente a esta petición y estaba
dispuesto a municipalizar la sociedad. Esta decisión, quizá justificable en el
hecho de que la empresa gestionaba un servicio esencial para Manzanares, tenía
dos aspectos muy controvertidos.
El primero de ellos consistía en que
los principales accionistas de la sociedad eran también concejales del
Ayuntamiento. Por ejemplo, el alcalde Agustín Serrano había sido hasta fechas
recientes secretario general del consejo de administración y el segundo
teniente de alcalde Antonio Pinés era al mismo tiempo vocal del consejo.
En segundo lugar, el Ayuntamiento
pretendía comprar las acciones al 100% de su valor nominal cuando se estaban
produciendo ventas de acciones entre particulares con descuentos del 50%. No
parece muy razonable la compra de una empresa en dificultades económicas
garantizando a los accionistas la
recuperación de todo el dinero invertido.
Los hermanos Enrique y Martín
Ochoa de Quesada encabezaron la oposición a la compra de la empresa y
presentaron un escrito, firmado por 250 personas, expresando su rechazo ya que
alegaban que sería una inversión ruinosa para el Ayuntamiento.
El detonante de la crisis fueron
varias acciones emprendidas por Manuel González de Jonte. En primer lugar, la
entrevista que publicó El Pueblo Manchego el 7 de marzo de 1927 en la que
Manual González denunciaba que se iba a comprar la sociedad a un precio muy
superior al real. Además, dirigió una carta al Alcalde, que publicó en el mismo
periódico el 19 de abril, en la que denunciaba que le habían intentado
silenciar ofreciéndole el Ayuntamiento comprar también su empresa de aguas de
Siles y, sobre todo, la última chispa que desencadenó la crisis, fue una carta
que dirigió el 16 de mayo al Gobernador Civil Gonzalo del Castillo.
En esta última carta volvía a
poner de manifiesto el precio excesivo de la compra, el conflicto de intereses
del alcalde y de algunos concejales que también eran accionistas y, además, aprovechaba
para denunciar algunas actuaciones del vicepresidente de la sociedad de aguas, Antonio
Rubio, durante su alcaldía entre 1910 y 1914.
Durante la alcaldía del liberal Antonio Rubio se construyeron el Gran Teatro
y el cementerio municipal, obras que provocaron una gran disputa con la Iglesia
y el Partido Conservador. La carta de Manuel González de Jonte parece un ajuste
de cuentas tardío con Antonio Rubio. Denunciaba en su carta el perjuicio
ocasionado cuando el Ayuntamiento asumió la construcción el Gran Teatro, en
circunstancias similares a las actuales en las que una sociedad privada por
acciones empezó con la construcción del teatro y luego renunció a ella
asumiendo las obras el Ayuntamiento. También se quejaba de la construcción del cementerio municipal y
los problemas de salud que originaba y, por último, de la urbanización de la
Vereda, también por iniciativa de Antonio Rubio, en el que este había salido
muy beneficiado al incorporar a su casa 4.538 m2 a precios muy
bajos.
Aunque los argumentos de Manuel González de Jonte eran
contundentes, sobre todo en lo referido a la sociedad de aguas, no podemos
olvidar que el sería uno de los máximos perjudicados en caso de que esta
empresa tuviera éxito, ya que era el propietario de la empresa competidora que
comercializaba el agua de Siles.
En respuesta a la carta, el
Gobernador Civil encargó un informe sobre la municipalización de servicios en
Manzanares a dos delegados gubernativos, el comandante de infantería Francisco
Cabezas de Herrara Puig y al capitán de infantería Ramón Porgueres Zúñiga. El
informe fue entregado el 22 de julio de
1927 y confirmaba básicamente, excepto en el caso de Gran Teatro, las denuncias
de Manuel González de Jonte.
El 23 de julio el Gobernador Civil
decidió el cese de toda la corporación municipal y ordenó la publicación en El Pueblo Manchego de la carta de Manuel González de Jonte y del informe de Francisco
Cabezas y Ramón Porgueres.
Los hechos denunciados propiciaron
que la fiscalía de la Audiencia Provincial presentara una querella contra los
concejales cesados por los delitos de cohecho y malversación de fondos. Tras
varios meses de investigación judicial el caso fue sobreseído por falta de
pruebas.
La sociedad de aguas continuó en manos privadas hasta
después de la Guerra Civil, cuando fue finalmente adquirida por el
Ayuntamiento.
Noticia de El Pueblo Manchego del 23 de julio de 1927 con la
noticia del cese de la corporación
municipal de Manzanares.
El nuevo alcalde nombrado por el
Gobernador Civil, Enrique Ochoa, era una persona muy próxima a Manuel González
de Jonte. Como hemos explicado, Enrique Ochoa había colaborado en la campaña en
contra de la municipalización de la sociedad de aguas, competidora de la
empresa de Manuel González, y siendo ya alcalde favoreció directamente a éste cediéndole
a su empresa terrenos municipales cercanos al manantial de Siles, de donde
obtenía las aguas que comercializaba en Manzanares[9].
La alcaldía de Enrique Ochoa, en
palabras de Antonio Bermúdez, “resultó bastante polémica ya que ejerció su
mandato con un estilo prepotente y dictatorial que desagradaba profundamente a
la mayor parte del vecindario”[10]. El nuevo secretario del Ayuntamiento, Julio
Villacañas, era “un protegido de Manuel González de Jonte, estaba plenamente
identificado con D. Enrique Ochoa y fue impulsor o animador de todos los
litigios emprendidos por el Ayuntamiento, actividad con la que fue recompensado
con la imposición de la medalla secretarial. Sin embargo desde otros foros se
le acusaba de actuar de mala fe, promoviendo pleitos… que pusieron en tela de
juicio la honorabilidad de muchas personas respetables”[11].
Como veremos a continuación, la
actitud personal del nuevo alcalde y del secretario, añadido a un
cuestionamiento de todas las decisiones tomadas por sus antecesores, afectaron
a la construcción del nuevo palacio municipal y al contratista Alfonso Pedrero Peña.
Es posible que existiese también
cierta animadversión del nuevo alcalde hacía Alfonso Pedrero Peña. Los hermanos Ochoa Quesada habían sido
destacados miembros del Partido Conservador y Martín había sido uno de los
principales opositores al cierre del cementerio parroquial. La participación de
Alfonso Pedrero Peña en la construcción del cementerio municipal y el hecho de que continuase al frente del proyecto a pesar de las amenazas y ataques recibidos puede que lo identificasen como afín al Partido
Liberal, aunque no conocemos ningún dato sobre su militancia política.
Los
problemas del contratista y la finalización de las obras
Una
de las primeras actuaciones del nuevo Ayuntamiento referente a la construcción
del palacio municipal, el 3 de agosto de 1927, fue el envío al arquitecto Telmo Sánchez de
tres denuncias presentadas por el inspector de las obras[12]. Para las grandes obras municipales se
nombraba un inspector que normalmente era un maestro albañil de la localidad.
A pesar de estas denuncias, las obras siguieron avanzando y en marzo
del año 1928, dos años después de iniciadas, Alfonso Pedrero Peña solicitó la recepción provisional del palacio
municipal por parte del Ayuntamiento. Es a partir de este momento cuando
empiezan los problemas para el contratista ya que el nuevo alcalde Enrique
Ochoa, desconfiando de las decisiones adoptadas por la anterior corporación, hizo
algo poco habitual y solicitó dos informes antes de realizar la aceptación
provisional. Uno de los informes, como es normal, se solicitó al arquitecto
Telmo Sánchez, que era el autor de los planos y había supervisado las obras
desde el principio. El segundo informe se solicitó a Antonio Flórez
Urdapilleta, recomendado al alcalde por parte de Manuel González de Jonte[13].
Antonio Flórez era un prestigioso arquitecto que llegó a ser Catedrático de la
Escuela de Madrid y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
y que recientemente había restaurado el Teatro Real de Madrid.
No conocemos el informe de Antonio Flórez pero si hay referencias a él
en el informe realizado por Telmo Sánchez el 26 de marzo de 1928. El informe de Antonio Flórez debió ser muy
crítico con las obras y en su informe Telmo Sánchez intentó minimizar o
relativizar los problemas detectados por su colega. Telmo Sánchez se debió
sentir cuestionado por Antonio Flórez ya que él había supervisado las obras
desde el principio. Además, el cobro de sus honorarios dependía de que el
contratista Alfonso Pedrero Peña
cobrase del Ayuntamiento por lo que tenía un claro conflicto de intereses, que
podía influenciar su informe para minimizar los problemas. Reproducimos a
continuación literalmente parte del informe de Telmo Sánchez:
“No sería
lógico exigir que los albañiles y los artistas de Manzanares trabajen lo mismo
que los de Madrid o Barcelona, ni que se disponga de los medios y presupuestos
que en dichas capitales. Sin embargo y esto es lo que voy a puntualizar, es
necesario analizar si dentro de las condiciones locales el contratista ha
realizado la obra como debía para su mejor ejecución.
También debe
desecharse la idea de que todo el personal debió ser de Madrid, pues esto
además de que el que lo suscribe no lo cree necesario, en un población tan
grande como la de Manzanares, hubiese hecho que la obra resultase mucho más
cara que en Madrid y esto en una obra de poco más de 200.000 pesetas no era
propio.”
Los principales problemas mencionados en el informe de Telmo Sánchez parecen
de menor importancias: grietas en los cielos rasos debido a la contracción de
la madera y el cañizo, divergencias sobre la calidad de la madera y los herrajes,
sobre la pintura y sobre algún solado y pavimento. En ningún caso se detectan
problemas estructurales o de envergadura. En el caso de los herrajes, lo único
que se detallaba el pliego de condiciones era:
“Será de hierro forjado de 1ª calidad.
No se tolerará imperfección en su forma, en su clase, ni en su fabricación”
Estos requisitos, pocos definidos, permitían que se pudiese exigir el
cambio de cualquier material por falta de calidad y dejaban al contratista a
merced de la buena voluntad del Ayuntamiento a la hora de recepcionar las
obras.
El informe de Telmo terminaba
exculpándose indicando que “casi en su totalidad las obras defectuosas son
posteriores a la última certificación” y que se podían corregir por el
contratista sin necesidad de acudir a profesionales de fuera de Manzanares. Por
último, incluyó una liquidación total de las obras y valoró los descuentos que
podrían hacerse al contratista en caso de que se acordase que la corrección de
los obras defectuosas las hiciese el propio Ayuntamiento. En esta liquidación
calculó un coste total de las obras por importe de 209.730,69 pesetas,
que representaba un sobrecoste sobre el presupuesto inicial de algo más de
1.000 pesetas, tanto sólo un incremento 0,49%.
Varios meses después del anterior informe, en el mes de julio, el
arquitecto Telmo Sánchez, a petición del alcalde, realizó otra revisión de las
obras para comprobar si el contratista había subsanado los problemas detectados
en marzo y, en caso afirmativo, proceder a la recepción provisional del palacio
municipal. El informe del arquitecto, de nuevo muy conciliador y poco
concluyente, no resultó del agrado del secretario del Ayuntamiento Julio
Villacañas que se lo reprochó duramente a Telmo Sánchez[14].
Finalmente intervino el propio alcalde, llegando a un acuerdo a finales de
julio con el contratista Alfonso Pedrero
Peña, en el que se estipularon algunas obras adicionales que debía hacer
antes de la aceptación definitiva de las obras.
Carta del Secretario del Ayuntamiento al Arquitecto del 19 de julio de 1928 quejándose del informe realizado
por el segundo para la recepción provisional de las obras.
Otra vez más, las reparaciones
realizadas por Alfonso Pedrero Peña no
debieron ser del agrado del Ayuntamiento ya que en el pleno el 29 de enero de
1929 se conminó al contratista para que realizase las obras de reparación en el
plazo de dos meses y, en caso contrario, se le amenazaba con rescindirle el
contrato[15].
A pesar de las quejas, en ese mismo mes de enero, se produjo el traslado del
Ayuntamiento al nuevo palacio municipal.
Nuevo palacio municipal construido
sobre el teatro Calderón
Para intentar llegar a un acuerdo
definitivo se celebró una reunión el 26 de marzo de 1929 entre la Comisión de
Fomento, formada por los tenientes de alcalde Ignacio Lozano Muñoz y Matías
González-Elipe Caballero y por el concejal José Ruiz González-Calero, con el
constructor Alfonso Pedrero Peña acompañado
por su hermano Jerónimo[16].
Su hermano estaba afincado en Tomelloso, era propietario de una fábrica de
harinas y uno de los principales contribuyentes de este municipio. Alfonso
recurriría a su hermano para que le acompañase a la reunión con la intención de
que, como persona influyente, mediase ante el Ayuntamiento.
La reunión no fue muy bien para Alfonso Pedrero Peña ya que supuso una
cesión total por su parte. Admitía asumir a su cargo todas las obras que el
Ayuntamiento le exigía sin incrementar el precio final de la obra y, como no
tenía disponibilidad para asumir la dirección de las mismas por encontrarse muy
ocupado, accedía a que el Ayuntamiento contratase a un tercero para
realizarlas.
Para pagar las obras realizó un
depósito de 5.000 pesetas en la banca de José Díaz Casero, y en caso de no ser
suficiente, accedía a que se le descontasen los gastos adicionales que pudieran
producirse del quinto pago que debía recibir ese mismo año. El Ayuntamiento
también le exigía a Alfonso Pedrero Peña
que asumiese la responsabilidad en estas obras “que pueda sobrevenir por causas de accidente como por otras
circunstancia provenientes de la legislación social”. Por último, dejaba a juicio del nuevo constructor, asesorado por
la Comisión de Fomento, la sustitución de todos los materiales que por su
defecto o mala calidad considerasen necesario.
En definitiva, Alfonso
Pedrero Peña daba vía libre al Ayuntamiento para realizar cuantas obras
considerase oportunas, asumía el coste y no tenía ningún derecho de veto sobre
las mismas. En palabras del secretario del Ayuntamiento, Alfonso Pedrero Peña “se ha sometido totalmente y ha quedado en
cumplir todas las disposiciones del Ayuntamiento”[17].
Inicio
del acta de la reunión del 26 de marzo de 1929
Coincidiendo con esta reunión, Telmo Sánchez realizó
una nueva liquidación de las obras por valor de 213.245.69 pesetas[18].
No tardó mucho Alfonso Pedrero Peña en arrepentirse
del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento. En una carta del 31 de agosto de 1929 enviada al arquitecto Telmo Sánchez, se quejaba de las “obras que
caprichosamente” estaba realizado la Comisión de Fomento que habían consumido las
5.000 pesetas depositadas en la banca de José Díaz Casero y que, además, le habían
requerido otras 5.000 pesetas con cargo al quinto pago. Le pedía que mediase
con el Ayuntamiento, que tuviera en cuenta en la liquidación final las reformas
posteriores decididas por la Comisión, que no estaban contempladas inicialmente
en la obra, y que intentase cerrar un día para la realizar la recepción
provisional de la obra.
En la carta terminaba hablando de
los honorarios del arquitecto y le decía que si “no hubiera tenido tanto
contratiempo respecto a la obra” ya se los habría liquidado. Aquí de nuevo
vemos el conflicto de intereses del arquitecto, que para cobrar sus honorarios
dependía del éxito del contratista, al que él mismo tenía que supervisar y
liquidar económicamente.
Las quejas de Alfonso Pedrero Peña estaban
justificadas ya que su situación económica no atravesaba un buen momento a
causa del dinero invertido en la obras del palacio municipal. Conocemos su
situación patrimonial ya que el 31 de diciembre de 1928 procedió al reparto entre
sus hijas de los bienes de su esposa que había fallecido ese mismo año. Según
la escritura de adjudicación de la herencia en aquel momento el patrimonio de
la pareja estaba formado por varias casas, solares y tierras valoradas 6.675
pesetas, 4 obligaciones del tesoro cada una con un valor nominal de 5.000
pesetas depositadas en la banca de José Díaz Casero en garantía de las obras
del palacio municipal y una deuda del Ayuntamiento con Alfonso Pedrero Peña que ascendía a la importante cantidad de 105.870,69
pesetas. Es decir, la mayor parte de su patrimonio estaba en esos momentos pendiente
de la aceptación y pago por parte del Ayuntamiento de las obras del palacio
municipal.
Por fin, el 11 de diciembre de
1929, la Comisión Permanente aprobó la recepción provisional de las obras con
fecha 1 de octubre por un importe de 204.708,20 pesetas y ordenó el pago de la
anualidad con los intereses correspondientes[19]. Este
importe suponía un descuento por parte del Ayuntamiento de casi 9.000 pesetas
respecto a la última liquidación realizada por el arquitecto en marzo de ese
mismo año y, además, no se incluía ningún sobrecoste por todas las obras
realizadas desde marzo que tanto dinero le habían supuesto a Alfonso Pedrero Peña. Suponemos que
los descuentos los aplicó al Ayuntamiento por reparaciones que Alfonso Pedrero Peña se negó a seguir
asumiendo, aunque de esto no tenemos constancia. El resultado final no podía
ser más negativo para el contratista.
Para colmo, el 19 de febrero de 1930
la Comisión Permanente del Ayuntamiento le solicitó al contratista la
reparación de unas goteras aparecidas en el despacho del alcalde y el salón de
sesiones[20].
El Ayuntamiento tenía pleno derecho a solicitar que Alfonso Pedrero Peña realizase estas reparaciones ya que según el
pliego de condiciones de la subasta, una vez realizada la recepción provisional
y hasta la recepción definitiva, transcurría el periodo de garantía en el que
el contratista debía asumir cuantas obras de reparación fuesen imputables a la
construcción y sin derecho a cobrar por ellas. Desde el punto de vista de Alfonso Pedrero Peña, habían
transcurrido casi dos años desde que solicitó la aprobación provisional de la
obra, había tenido que asumir numerosas modificaciones a su costa, le habían
descontado casi 9.000 pesetas y, ahora otra vez más, tenía que realizar de
nuevo más reparaciones.
El 12 de junio de 1930 el
Ayuntamiento dejó para estudio una solicitud de Alfonso Pedrero Peña para
que se procediese a la recepción definitiva de las obras del Ayuntamiento y se
realizase una nueva liquidación del coste. La recepción definitiva suponía la
finalización de la obra y, por tanto, el Ayuntamiento no podría hacer más
reclamaciones al contratista. Desconocemos cuando se realizó la recepción definitiva,
que supondría el fin de los problemas y quebrantos económicos para Alfonso Pedrero Peña[21].
La relación entre Telmo Sánchez y
Alfonso Pedrero Peña tampoco terminó
excesivamente bien, a pesar de que el arquitecto tuvo en todo momento una
actitud muy favorable con el contratista en todos los problemas con el Ayuntamiento.
Para cobrar sus honorarios Telmo Sánchez tuvo que reclamárselo por carta en
varias ocasiones e incluso le ofreció que le descontase el 5% de sus honorarios
sobre las 9.000 pesetas que el Ayuntamiento le había descontado al contratista[22].
Finalmente, el último pago de Alfonso
Pedrero Peña a Telmo Sánchez del que tenemos constancia se realizó el 26 de enero de 1931 y aun así le pagó 200 pesetas menos que las exigidas por el
arquitecto. Un buen epílogo para este artículo son las palabras del propio Alfonso Pedrero Peña dirigidas en una
carta a Telmo Sánchez[23]:
“Nadie mejor
que Ud. sabe las injusticias y los miles de duros que a mí me ha costado el asunto del palacio y por
estas razones creo que debe dar Ud. por terminado este mal asunto para ambos y
esperar una nueva ocasión que nos proporcione menos disgustos y algunos
beneficios.”
Última
de las cartas que le envía Alfonso Pedrero a Telmo Sánchez
el 30 de enero de
1931 relativa al pago de los honorarios del arquitecto.
Miguel Ángel Maeso Buenasmañanas, julio de 2107
[1] La
construcción del Ayuntamiento se ha relatado detalladamente en el artículo “La
construcción del nuevo Ayuntamiento de Manzanares 1920-1929” de Concepción Moya
García y Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil, publicado en los números 397 y
398 de la revista Siembra en junio y julio de 2015.
Además, para elaborar este
artículo se han consultado los documentos
originales que sobre la construcción del Ayuntamiento existen en el Archivo de
la Diputación Provincial de Ciudad Real.
[2] La
documentación elaborada por el arquitecto Telmo Sánchez y las cartas
intercambiadas por éste con el Ayuntamiento de Manzanares y con el contratista Alfonso
Pedrero Peña se pueden consultar en el Archivo de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25 del área de urbanismo.
[4] Un
extracto de las condiciones de la subasta se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 5 de octubre de 1915 y en la Gaceta de Madrid del 6 de octubre de 1925.
[5]
Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25
del área de urbanismo.
[6] Para
la conversión en euros de 2017 se ha utilizado para el periodo 1930-1960 la
tasa de variación de precios al consumo publicada en el artículo “La inflación
en la España del siglo XX: teorías y hechos” de José Luis García Ruiz publicado
en el Boletín Económico de ICE del
Ministerio de Economía nº 2667 del 16 al 22 de octubre.
Para el periodo 1961 – 2016
se ha utilizado los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
en http://www.ine.es/varipc/index.do
que proporcionan una variación de precios entre enero de 1961 y diciembre del
2016 del 3.628,3%.
[8] La
mayor parte de la información sobre la fallida compra de la sociedad Aguas
Potables y Alcantarillado de Manzanares por parte del Ayuntamiento se ha
obtenido del libro “Manzanares bajo el reinado de Alfonso XIII 1902 – 1931” de
Antonio Bermúdez, segunda edición, 2008, páginas 177 – 197.
[9]
Artículo “Todo pasa y todo queda” de Manuel Rodríguez Mazarro publicado en el
número 412 de la revista Siembra de diciembre de 2016.
[10]
“Manzanares bajo el reinado de Alfonso XIII 1902 – 1931” de Antonio Bermúdez,
segunda edición, 2008, página 379.
[11]
“Manzanares bajo el reinado de Alfonso XIII 1902 – 1931” de Antonio Bermúdez,
segunda edición, 2008, página 452.
Julio Villacañas se ganó
muchos enemigos a lo largo de su gestión como secretario. Tuvo que dimitir como
secretario en agosto de 1933, acusado de ser simpatizante del golpe de estado
del general Sanjurjo. Posteriormente pleiteó contra el Ayuntamiento para
reincorporase a su puesto pero la corporación municipal, formada en 1935 por
concejales de partidos de centro derecha supuestamente más afines al
secretario, rechazaron su reincorporación e incluso el alcalde Vicente Muñoz
calificó, en un polémico y tumultuoso
pleno, a Julio Villacañas como indigno de ocupar tal puesto de responsabilidad.
[12]
Decisión de la Comisión Permanente municipal del 3 de agosto de 1927 publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real el 16 de marzo de 1928.
[13]
Artículo “Todo pasa y todo queda” de Manuel Rodríguez Mazarro publicado en el
número 412 de la revista Siembra de diciembre de 2016.
[14]
Carta del secretario Julio Villacañas a Telmo Sánchez el 19 de julio de 1928.
Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25
del área de urbanismo.
[15]
Acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Manzanares el 29 de enero 1929
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 14 de junio de 1929.
[16] Acta de la reunión del 26 de marzo de 1929. Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad
Real, en la caja 22, legajo 25 del área de urbanismo.
[17]
Carta del secretario del Ayuntamiento del 26 de marzo de 1929 a Telmo Sánchez. Archivo
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25 del área
de urbanismo.
[18]
Carta de Telmo Sánchez a Alfonso Pedrero Peña del 29 de marzo de 1929. Archivo
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25 del área
de urbanismo.
[19]
Acuerdos de la Comisión Permanente del ayuntamiento de Manzanares del mes
diciembre de 1929 publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 24 de marzo de 1930.
[20]
Acuerdos de la Comisión Permanente del ayuntamiento de Manzanares del mes de
febrero de 1930 publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 16 de abril de 1930.
[21]
Acuerdos de la Comisión Permanente del ayuntamiento de Manzanares del mes de
junio de 1930 publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real del 4 de agosto de 1930.
[22]
Cartas de Telmo Sánchez a Alfonso Pedrero del 3 de abril y del 27 de mayo de 1930 y contestaciones de Alfonso Pedrero del 28 de mayo de 1930 y del 16, 26 y
30 de enero de 1931. Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la
caja 22, legajo 25 del área de urbanismo.
[23]
Cartas de Alfonso Pedrero a Telmo Sánchez del 30 de enero de 1931. Archivo de
la Diputación Provincial de Ciudad Real, en la caja 22, legajo 25 del área de
urbanismo.
